Política madrileña: un circo de tres pistas

Un circo de tres pistas, adornado de presuntos espionajes, comisiones ilegales y cohechos, es el que se contempla en la política que se mueve en el foro madrileño, que padece, cual vía crucis, su condición de focalizador de todo lo que acontece entre la calle Génova 13 y Ferraz 70. Bajo la gran carpa central, los rugidos de los leones desafiantes ante el rival, frente a un pobre domador (pongamos que un parado) ignorado por unos felinos en posición de ataque, que dicen llevar prendida en sus fauces la defensa del Estado de derecho. Ruge el PSOE aludiendo al ataque que supone para el Estado las presuntas corrupciones investigadas por el gran cazador Baltasar Garzón. Y ruge la plana mayor del PP como un partido herido por el aluvión de escándalos que instruye un juez al que han querido recusar por su, dicen, animadversión hacia sus filas y colores. Por eso y por ser compañero de escopeta de un Ministro, Mariano Fernández Bermejo, que parece ignorar aquella máxima de que la mujer del Cesar además de ser honrada, tiene que parecerlo, que traducido al momento político actual quiere decir que si los socialistas no quieren hacer pensar al Partido Popular que ellos son quienes mecen la mano de la justicia, es mejor evitar comprometedores encuentros. Eso sí, el rumor más extendido por los cenáculos madrileños es que la “melé” que atenaza al PP tiene su origen en la propia lucha por el poder y el control económico entre los dirigentes populares.A la derecha de los rugidores felinos, otra gran pista en la que los trapecistas autonómicos del PP sobrevuelan los aires sin red que frene sus posibles caídas judiciales. Pirueta tras pirueta, alcaldes, consejeros y altos cargos de la administración autonómica giran desde hace semanas en el espacio buscando las manos de la porteadora Esperanza Aguirre, para no precipitarse en caída libre zarandeados por los escándalos. Tal es el cruce de trapecistas que se mueven entorno a la Audiencia Nacional, que a la presidenta de la Comunidad no le ha quedado otra opción que comenzar a dejar que algunos se estrellen contra el suelo, vía cese fulminante. Es el caso del ya ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, al que Aguirre trató con mimo y protegió durante mucho tiempo hasta enterarse que su pupilo, procedente del archifamoso “Clan de Becerril” que tanto cuidó Aznar, le había ocultado quienes estaban detrás de la organización de algunos faustos autonómicos. Precipitado también sin remedio sobre la lona está el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a quien se recolocó en el Mercado Puerta de Toledo tras obligarle a abandonar la alcaldía por el intento de venta de unas parcelas municipales por debajo de su precio, que vuelven a estar ahora en el punto de mira de Garzón. Igual suerte ha corrido el ya ex regidor de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, imputado por el juez estrella en el “caso Gürtel” (correa en alemán), que ha precipitado todas, y más, sombras de sospecha sobre ayuntamientos y comunidades populares por sus concesiones a la empresa Special Events de Francisco Correa, otro ilustre asistente a la boda Agag-Aznar, que tantos sobresaltos parece estar provocando en el entorno familiar del ex presidente del PP. (La propia Ana Botella ha pedido a Rajoy una defensa más encendida de quienes acompañaron a su marido en su etapa presidencial, entre ellos su yerno Alejandro Agag). La presidenta madrileña ha forzado la salida de escena de González Panero, que proclama a los cuatro vientos su resistencia a convertirse en “chivo expiatorio”, pero no ha logrado que abandone el Ayuntamiento, donde permanece como concejal y, para algunos, entre ellos, la oposición, como alcalde en la sombra. Una kafkiana situación, adornada además con el impuesto “tutelaje” del alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la FMM, Bartolomé González sobre el equipo de gobierno. Las manos de Aguirre sujetan con fuerza los tambaleantes cuerpos de los dos prebostes de su Gobierno: Ignacio González y Francisco Granados, ahora más que nunca profundos enemigos, aunque guarden las apariencias (en algunas ocasiones hasta se olvidan de hacerlo) en aras de su propia supervivencia. En el ojo del huracán desde que saltó a la opinión pública el “Watergate madrileño”, con Ignacio González como “espiado” principal, Francisco Granados no sólo se enfrenta al juicio sumarísimo de los partidos de la oposición en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid (probablemente las investigaciones den poco de sí, tal y como se vio en la comisión del tamayazo, salvo para dar balas a socialistas e IU contra el Ejecutivo de Aguirre), sino que acaba de convertirse también en “investigado” de la Fiscalía Anticorrupción por una posible implicación en un delito de cohecho en sus tiempos de alcalde de Valdemoro. La maraña de escándalos amenaza con atrapar al secretario general del PP madrileño, que se ha puesto en el punto de mira judicial, según lo publicado, por haber beneficiado presuntamente en sus años de regidor a una constructora a cambio de importantes comisiones. En la diestra de Aguirre, el vicepresidente autonómico intenta mantener el equilibrio, tras sus comprometedores viajes develados en el espionaje del que fue objeto y la lluvia de sospechas que se ha precipitado sobre algunos de sus fieles. De momento González, que parece llevar ventaja respecto a su compañero de gobierno, ha emprendido su propia batalla judicial para esclarecer la autoría de quién es el aspirante a “inspector Clouseau” que mandó que siguieran sus pasos. Cunde la idea, tanto dentro como fuera del PP, que tanto Granados como González pugnan por ser el único que logra asirse al poder de la lideresa del PP para salvarse, es más no faltan quienes conjeturan que uno y otro hacen ímprovos esfuerzos por desviar los focos judiciales hacia el rival. Unas luces que con menor intensidad alumbran a una tercera pista, igual de convulsa que las anteriores, en la que los malabaristas, contorsionistas y los domadores de caballos del municipalismo, confrontan unos con otos, PP y PSOE, con idéntica intensidad que sus mayores. Y es que los ayuntamientos no logran sustraerse al clima de crispación y enredos que envuelve la vida política. Así, el serial de Pinto, además de sus batallas judiciales, cobra nueva intensidad con la aparición en escena del ex alcalde socialista, Antonio Fernández, al hilo de su hipotético tutelaje sobre la Fundación Pinares, casualmente la misma que ha desarrollado distintos proyectos en Argentina “patrocinados” por el regidor, dando así nueva munición al PP pinteño, que no ha tardado en solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas para investigar esta supuesta “financiación irregular de los socialistas”.Eso los populares, pues en lo que concierne al PSOE, con su alcalde, Juan José Martín, al frente, éstos han pasado al contraataque acusando al PP local de estar detrás de un nuevo “caso de espionaje” en el municipio, con seguimientos al regidor incluidos. Compartiendo pista el “folletín” de Móstoles con un alcalde, Esteban Parro, denunciado por la portavoz socialista, Paz Martín, por una presunta agresión “machista” (supuestamente le golpeó la mano y la tiró el móvil), que ha dado lugar a otra alucinante pelea entre partidos, que se ha traducido en sendas denuncias; la de Martín contra el regidor y la de éste contra la edil del PSOE por injurias y denuncias falsas. Todo ello aderezado con peleas internas en el grupo socialista, el testimonio de la edil de IU defendiendo al alcalde y el boicot del PP a las intervenciones en el pleno de Martín, a la que han reprobado. Que decir de la pequeña secuela de “watergate” desatada en el Consistorio de Fuenlabrada, en una de cuyas dependencias una cámara oculta vigilaba los movimientos de unos funcionarios en cuyo departamento se extraviaba documentación. El alcalde, Manuel Robles, ha dado acuse de recibo reconociendo que estaba al tanto de su existencia, lo que ha dado sobrada munición a los trabajadores municipales para arremeter contra el equipo de gobierno, pero sobre todo al PP que cree haber encontrado un nuevo filón para desviar las sospechas que recaen sobre los populares madrileños hacia los líderes del Partido Socialista. Y así, mientras los dirigentes locales del Partido Popular fuenlabreño acudían a los juzgados a denunciar los hecho, Esperanza Aguirre atizaba el fuego celebrando la Junta de su Gobierno en ese municipio. Escaramuzas de menor intensidad, al menos por ahora, entre PP y PSOE en Getafe, Leganés y Alcorcón donde, eso sí, unos y otros se buscan las vueltas. Alberto Ruiz Gallardón mientras tanto, ajeno a tanto dislate, permanece impertérrito como jefe de pistas.