El atentado de ETA en el Campo de las Naciones ha provocado daños por valor de 3 millones de euros

La furgoneta-bomba que ETA hizo explotar el lunes frente a la sede de Ferrovial en el Campo de las Naciones de Madrid provocó daños por valor cercano a 3 millones de euros, según el Consorcio de Compensación de Seguros, órgano encargado de las indemnizaciones por terrorismo en los bienes asegurados.

Tras el primer análisis preliminar llevado a cabo esta mañana, el organismo dirigido por Ignacio Machetti calcula que la reparación de los desperfectos materiales en los tres edificios afectados costará 2,5 millones de euros, a lo que hay que añadir 500.000 euros por daños en unos 52 vehículos.

En concreto, el Consorcio de Compensación de Seguros señala que han sufrido daños tres de los cuatro edificios propiedad de Metrovacesa donde se colocó la furgoneta-bomba.

Los más afectados son los arrendados a Ferrovial-Agromán y a Boston Scientific y Morse, que presentan daños generalizados en sus fachadas principales y en laterales, aunque en la empresa de Rafael del Pino también han sufrido el desplome de falsos techos, roturas de tabiquería, planeles, luminarias y sistemas de ventilación.

En el tercer edificio afectado, arrendado a las empresas Cepsa, Regus y Total y a un restaurante, se han apreciado daños en carpintería y acristalamientos, con desplome de falsos techos y luminarias.

Respecto a los vehículos, el organismo prevé que 19 sean siniestro total (cuatro de ellos completamente calcinados), y el resto tengan que ser compensados por daños en chapas y lunas, en mayor o menor medida.

La intensificación de los atentados perpetrados por ETA el año pasado provocó daños materiales por importe al menos 24,1 millones de euros, una cantidad que septuplica las indemnizaciones de 3,39 millones generadas por los ataques de 2007.

El CCS es una entidad público-empresarial encargada de pagar, entre otras, las indemnizaciones en casos de terrorismo o desastres naturales.

Las indemnizaciones de este organismo están al margen de las ayudas que puedan aprobar el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, y las que podrían derivarse si se declara zona catastrófica.