El juez de Alcalá de Henares propone juzgar a la alcaldesa Judith Piquet por presunta filtración de denuncias de agresiones sexuales, lo que podría constituir un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El PSOE exige su dimisión, en medio de tensiones políticas sobre la gestión migratoria.
El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha propuesto juzgar a la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, por la presunta filtración de denuncias relacionadas con agresiones sexuales. La investigación se centra en un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, tras la difusión de dos denuncias vinculadas a migrantes.
Claves de la noticia
Investigación judicial
El juez ha ordenado continuar con el procedimiento abreviado para determinar si los hechos constituyen delito.
Contexto político
El caso se relaciona con declaraciones públicas de Piquet y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en medio de tensiones por la llegada de migrantes.
Reacciones políticas
El PSOE califica el caso como un "bulo cruel" y exige la dimisión de la alcaldesa y explicaciones del PP.
Según el auto judicial, la alcaldesa habría remitido entre la tarde del 17 y la mañana del 18 de enero de 2024, ya sea personalmente o a través del director de Comunicaciones del Ayuntamiento, una fotografía extraída de un informe policial a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Serrano publicó posteriormente esta imagen en su cuenta de la red social 'X'.
Este hecho se enmarca en la polémica surgida en enero de 2024, cuando Piquet aseguró en varias intervenciones públicas la existencia de dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido, en las que se mencionaba que el presunto responsable era "un varón negro y joven". Estas declaraciones se produjeron tras una visita de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a Alcalá de Henares, en la que apoyó a la alcaldesa tras unos graves altercados ocurridos entre migrantes trasladados desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera.
Contexto y consecuencias políticas
La presidenta Díaz Ayuso afirmó en rueda de prensa que en el cuartel Primo de Rivera se habían registrado "varias reyertas graves" y denunció agresiones sexuales a mujeres del municipio, según denuncias recibidas. Estas afirmaciones aumentaron la tensión en el municipio y generaron un debate político sobre la gestión de la crisis migratoria y la seguridad ciudadana.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en el procedimiento judicial, ha calificado el caso como "una auténtica vergüenza". Javier Rodríguez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, ha exigido la dimisión de la alcaldesa y ha pedido explicaciones a Alfonso Serrano por lo que considera un "bulo cruel" lanzado hace dos años, en referencia a la filtración del documento policial.
Rodríguez también ha señalado que esta acción se habría llevado a cabo para proteger a la presidenta regional, en alusión a las declaraciones y la gestión política del PP en este asunto. La acusación popular sostiene que la filtración pudo tener motivaciones políticas y que la difusión de información sensible vulneró derechos y procedimientos legales.
Estado del proceso judicial
El juzgado ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias previas mediante procedimiento abreviado para investigar si los hechos son constitutivos de delito. El auto señala que existen indicios suficientes para considerar que pudo haberse cometido un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, aunque el proceso judicial continuará con la fase de instrucción para esclarecer los hechos.
Este caso pone en relieve la delicada situación política y social en Alcalá de Henares, marcada por la llegada de migrantes y las tensiones derivadas, así como las responsabilidades legales y éticas en la gestión de información sensible relacionada con denuncias de agresiones sexuales.
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