La Policía Nacional defiende a sus agentes tras el auto del juez Juan Carlos Peinado, que abre juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte por riesgo de fuga. Rechaza cualquier sospecha sobre la labor de custodia de sus funcionarios, reafirmando su compromiso con la legalidad y la imparcialidad.
La Dirección General de la Policía Nacional ha salido en defensa de sus agentes después de las consideraciones recogidas en el auto del juez Juan Carlos Peinado, en el que acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte por riesgo de fuga.
Claves de la noticia
Defensa policial
La Policía Nacional rechaza que sus agentes puedan ser situados bajo sospecha por su labor de custodia o escolta.
Auto de Peinado
La reacción llega tras el auto que abre juicio oral a Begoña Gómez y le retira el pasaporte por riesgo de fuga.
Legalidad constitucional
La Dirección General subraya la neutralidad, imparcialidad y sometimiento a la ley de todos sus funcionarios.
En la resolución, el magistrado plantea la posibilidad de que los escoltas pudieran participar en una eventual salida de España de Gómez. Frente a esa afirmación, la Policía Nacional ha reiterado “la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio” de sus funcionarios.
La Policía rechaza cualquier sospecha sobre sus agentes
En un comunicado, la Dirección General de la Policía Nacional ha calificado de “injustificada” cualquier argumentación que sitúe bajo sospecha la labor de los agentes.
El organismo rechaza especialmente que se sugiera que los policías pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta.
La reacción policial se produce después de que el auto de Peinado vinculara la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional con un eventual riesgo de fuga en el que, según el razonamiento judicial, podrían intervenir los agentes encargados de la escolta.
La Policía Nacional invoca el artículo 104 de la Constitución
La Dirección General ha recordado que los miembros de la Policía Nacional desarrollan sus funciones bajo el mandato del artículo 104.1 de la Constitución Española.
Ese precepto encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Según el comunicado, esa función se ejerce bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley.
Rechazo a órdenes contrarias a la ley
La Policía Nacional también subraya que esos principios excluyen por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico.
Con esta afirmación, la Dirección General rechaza cualquier insinuación de que los agentes pudieran actuar al margen de la ley o colaborar en una fuga de una persona sometida a medidas cautelares.
El organismo insiste en que la actuación policial se desarrolla siempre dentro del marco legal y en colaboración con los tribunales de justicia.
Defensa del prestigio de la institución
La Dirección General ha señalado que la honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en la institución.
Por ello, ha rechazado cualquier valoración especulativa que pueda menoscabar el crédito de la Policía Nacional o poner en duda la profesionalidad de sus funcionarios.
El comunicado insiste en el compromiso inquebrantable de todos los agentes con la legalidad constitucional y con la colaboración con los tribunales.
La noticia en cifras
| Tipo de dato |
Valor numérico |
| Artículo constitucional citado |
104.1 |
| Persona afectada por el auto |
1 |
| Medida cautelar destacada |
Retirada del pasaporte |
| Institución que emite el comunicado |
Policía Nacional |
Nuevo choque institucional por el caso Begoña Gómez
La respuesta de la Policía Nacional añade un nuevo frente institucional al caso Begoña Gómez, después de que el auto de Peinado generara también malestar en el Ministerio del Interior por sus referencias a los escoltas.
El debate se centra ahora no solo en las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno, sino también en el alcance de las afirmaciones judiciales sobre la actuación de los agentes encargados de su protección.
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