El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado la audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, al 15 de junio. Gómez y otros investigados deben comparecer personalmente, con riesgo de ser conducidos por la fuerza. La Fiscalía pide el archivo del caso, mientras que acusaciones populares exigen penas de prisión.
El juez Juan Carlos Peinado ha aplazado al próximo 15 de junio la audiencia preliminar a la que ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como acusada en la causa que instruye.
El magistrado ha vuelto a advertir de que Gómez deberá comparecer personalmente y ha avisado de que podría ser conducida “por la fuerza pública” si no acude a la citación.
La nueva fecha se ha fijado después de que el abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitara el aplazamiento al tener ya señalado otro procedimiento para el día inicialmente previsto, el 9 de junio.
Claves de la noticia
Nueva fecha
La audiencia preliminar queda fijada para el 15 de junio a las 18.00 horas tras la petición de aplazamiento de la defensa.
Comparecencia obligatoria
El juez mantiene la obligación de que Begoña Gómez y los otros investigados acudan personalmente.
Posible juicio con jurado
Peinado plantea juzgar la causa con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
El juez mantiene el apercibimiento de conducción por la fuerza pública
En su auto, el juez Peinado mantiene “la obligación de comparecer” para Begoña Gómez y para los otros dos investigados en la causa: su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El magistrado insiste en que los tres deberán acudir personalmente, con el apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública si no lo hicieran.
Peinado ya había advertido en una resolución anterior de que, en caso de incomparecencia, podría adoptar medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de eludir la acción de la justicia.
Los delitos que plantea el instructor
El juez ha planteado que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
A la audiencia preliminar están convocados los investigados y sus defensas, además de la Fiscalía, las acusaciones populares personadas y la Universidad Complutense de Madrid, que actúa como acusación particular.
Entre las acusaciones populares figura Hazte Oír, que lidera la representación de varias partes personadas en el procedimiento.
Begoña Gómez pide la absolución
En su escrito de defensa, Begoña Gómez ha reclamado ser absuelta si finalmente la causa llega a juicio.
La defensa sostiene que los hechos investigados “no son constitutivos de delito alguno” y denuncia la existencia de “mala fe” por parte de las acusaciones.
También considera que ha habido “temeridad” en la actuación de las acusaciones y defiende que el procedimiento carece de una base indiciaria suficiente desde el inicio.
La Fiscalía solicita el archivo del caso
La Fiscalía también ha pedido al juez que archive la causa.
Además, ha avanzado que reclamará la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid considera finalmente procedente abrir juicio oral.
La posición del Ministerio Público contrasta con la de las acusaciones populares, que piden penas de prisión para los investigados.
Las acusaciones populares piden hasta 24 años de cárcel
Las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez.
También reclaman la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte al considerar que existe un supuesto riesgo de fuga.
Hazte Oír ha formulado esta petición en representación de varias acusaciones populares personadas en la causa, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Peticiones para Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés
Las acusaciones populares también solicitan 22 años de prisión para Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa.
Le atribuyen presunta malversación y la consideran cooperadora necesaria en el resto de delitos que también imputan a la esposa del presidente del Gobierno.
Para el empresario Juan Carlos Barrabés, las acusaciones piden seis años de cárcel por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La audiencia preliminar, nuevo paso en la causa
La audiencia preliminar del próximo 15 de junio será un nuevo paso procesal en una causa de alto impacto político y judicial.
El juez deberá avanzar en la tramitación del procedimiento y las partes mantendrán posiciones muy alejadas: la defensa y la Fiscalía piden la absolución o el archivo, mientras que las acusaciones populares reclaman penas de prisión.
La decisión sobre la eventual apertura de juicio oral será clave para determinar el alcance judicial de una investigación que afecta directamente al entorno familiar del presidente del Gobierno.
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