Esta deuda parte de la falta de pago por parte de la EMV por el uso de un edificio de 136 viviendas protegidas
El juez de Instrucción número 48 de Madrid ha ordenado el embargo de bienes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid para satisfacer una deuda de 3,3 millones de euros con la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid.
Así consta en un decreto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se da a la EVMV un plazo de diez días para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución.
En la resolución, el juez avisa de que de no verificarlo en el indicado plazo, ni alegar causa justa, "podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave y, en su caso, con imposición de multas coercitivas periódicas".
Esta deuda es consecuencia de la falta de pago por parte de la EMV por el uso de un edificio de 136 viviendas protegidas que promovió el anterior Instituto de la Vivienda de Madrid (actual AVS) con el objetivo de aumentar el parque de vivienda social en su municipio, las cuales son actualmente de su propiedad.
DERECHO DE SUPERFICIE
Fuentes regionales detallan que el conflicto se inicia en 2003, cuando se constituye un derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos SA sobre la parcela 8.1 A-1 del PP Ámbito 2 'Camino Bajo de Rivas Vaciamadrid', para la construcción de un edificio con 124 viviendas y 136 plazas de garaje por parte del antiguo IVIMA.
Tan solo dos años más tarde, el organismo regional permutó la titularidad de esta parcela con la EMV de Rivas, incluyendo también el derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz, que pasó a ser obligación de la EMV.
La AVS permanecía como garante del cumplimiento de ese acuerdo y fue precisamente esta figura la que provocó años más tarde y ante el incumplimiento en los pagos de la empresa municipal de Rivas, que la AVS tuviera que hacer frente a estos importes que posteriormente ha reclamado por vía judicial a la EMV.
Además del importe antes referido, y por el mismo concepto si bien por un periodo diferente, se encuentra reclamada judicialmente la cantidad de 2.912.108,96 euros ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 97 (Procedimiento Ordinario 2229/2024).
De manera que, a la vista de los antecedentes judiciales, la deuda de la EMV por falta de abono por el uso de esas viviendas protegidas, previsiblemente se incrementará hasta los 6.216.976,89 euros, y ello sin perjuicio de los intereses que continúen devengándose hasta su pago efectivo.
A FAVOR DEL MARCO DE LA LEALTAD INSTITUCIONAL
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras señala que "la voluntad de la Comunidad de Madrid siempre ha sido evitar la judicialización de estas actuaciones, dando prioridad al marco de la lealtad institucional y cooperación entre Administraciones Pública que deben regir las relaciones entre las Administraciones Públicas".
Por ello, el organismo regional ha realizado distintos esfuerzos para una solución extrajudicial; entre otras actuaciones, mediante la remisión de cartas de requerimiento de pago, las cuales no obtuvieron respuesta por su parte, o mediante contactos dirigidos a consensuar un plan de pago a fin de facilitar el abono de la deuda; todo ello con el objetivo de evitar que se proceda judicialmente contra los bienes de una Administración municipal.
"Pese al escaso éxito de estas vías, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de evitar nuevos embargos y trámites procesales que impliquen incurrir en una mayor demora en la resolución de esta controversia, y espera que la Administración local cumpla con sus obligaciones de pago de las cantidades adeudadas a la Agencia de Vivienda Social", agrega.
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