Actualmente hay 73 procedimientos en curso en los juzgados y ocho en los que está imputado Carlos Mur, según las asociaciones
Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' temen la prescripción de las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria durante la pandemia por la "desidia" de la Justicia, por lo que avisan de que si está situación se produce emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades por no hacer su trabajo e investigar los casos denunciados.
En una rueda de prensa, el equipo jurídico del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) ha hecho un balance de las causas que se encuentran en marcha con motivo del primer aniversario de la presentación de la denuncia colectiva de 109 familias que se dirigía contra exaltos cargos del Gobierno regional por la comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
La denuncia conjunta dio lugar a la apertura de 92 procedimientos, de los que 73 están actualmente en instrucción judicial. En ocho de las causas está imputado el exdirector de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 Carlos Mur.
En concreto, la abogada Alejandra Jacinto ha detallado que hay un total de diez recursos en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y se han interpuesto cuatro recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional relativos a una decena de familias afectadas en relación a la negativa de determinados juzgados de proceder a la apertura de procedimientos.
En su intervención, el letrado Eduardo Sanz ha subrayado que en el caso de que se produzcan estas prescripciones se procederá a emprender acciones legales contra algunos jueces. Hay cinco causas en riesgo, pero aún esta extinción penal no se ha producido, teniendo en cuenta que los hechos se produjeron en marzo y abril de 2020.
"Hay jueces que actúan bien y otros mal. Hay jueces que no han realizado su trabajo y no han investigado. Su actitud puede ser calificada de contraria al ordenamiento jurídico y por tanto ilegal", ha aseverado.
Además, ha recalcado que se hallan en "un momento en el que Gaza está siendo la tumba del derecho internacional y algo parecido se está produciendo en las residencias con la tutela judicial efectiva".
Una de las afectadas ha censurado la impunidad que se está produciendo respecto a lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, algo que ha comparado con lo sucedido con los afectados de la Danaen Valencia y con lo sucedido con los incendios que afectaron a varias provincias este verano.
"Se trata de la mayor vulneración de derechos de la historia de España y supone una vergüenza de una sociedad que no ha querido reacción ante esa barbarie que nos perseguirá en la historia", ha aseverado una de las portavoces de Mareas de Residencias.
SITUACIÓN DE LAS CAUSAS
En cuanto al estado de las causas, ocho Juzgados de Instrucción de la Comunidad de Madrid tienen abiertas causas judiciales contra tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia del covid.
Entre los investigados se encuentran los autores de los protocolos de no derivación Carlos Mur (director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020), y Francisco Javier Martínez Peromingo (coordinador del llamado protocolo técnico).
Las familias sostienen que "ambos protocolos impedían la derivación a hospitales de los enfermos de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid que tuvieran dificultades motrices o cognitivas".
Estas actuaciones corresponden a una denuncia colectiva de 109 familiares víctimas de las residencias coordinadas por las asociaciones 7291:Verdad y Justicia y Marea de Residencias, presentada el mes de octubre de 2024 (se cumple ahora justo un año).
La denuncia se dirigía contra altos cargo del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria, castigada en el artículo 511 del Código Penal
La decisión de estos ocho juzgados (tres de Madrid, 1 de Alcobendas, 1 de Collado Villalba, 1 de Getafe, 1 de Leganés y 1 de Valdemoro) de imputar a los altos cargos supuso un punto de esperanza para los familiares que desde hace 5 años vienen reclamando verdad, justicia y reparación y veían una posible solución a sus demandas.
Para los afectados, el hecho de que alguno de los juzgados haya suspendido las declaraciones de Carlos Mur de Viu, Pablo Busca Otalaza y Francisco Javier Martínez Peromingo han supuesto "un nuevo jarro de agua fría que se viene a sumar a las numerosas afrentas e insultos que vienen sufriendo los familiares por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso".
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