La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), en la que está trabajando el Ejecutivo regional, creará un distrito único de prácticas, permitirá compartir compras y servicios a las universidades y contará con un nuevo sistema sistema de financiación plurianual, básica y por objetivos y en el que ninguna universidad pública "saldrá perdiendo".
El objetivo es velar para que "ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza". Tal y como ha detallado la dirigente autonómica, en el desayuno informativo celebrado en la capital, las claves de la futura Ley universitaria dará respuesta "a los retos y desafíos" que afrontan las enseñanzas superiores en la región.
El objetivo también es "luchar" frente a las políticas educativas del Gobierno de Pedro Sánchez que son "pura ingeniería social" y que se basa en "la negación del esfuerzo de los saberes, el camino al desastre: la LOMLOE, la LOSU, o el disparate de hacer cotizar por formarse".
Así, la primera Ley de Enseñanzas superiores unificará "de forma pionera" todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios.
La futura normal afrontará el desafío de la formación dual creando un distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.
La Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE.
Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.
MODELO DE FINANCIACIÓN
En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.
Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España.
También, incluirá el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.
Sobre los plazos de puesta en marcha esta ley, la presidenta ha informado de que espera que vea la luz en la Asamblea en diciembre tras ser aprobada en Consejo de Gobierno entre septiembre y octubre. "Lo que queremos es lo mejor para la universidad madrileña", ha indicado.
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