Alertan a Gabilondo que 271 residencias privadas no concertadas no cumplen la ratio

La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja para que se pida a la Comunidad de Madrid que "exija a las 271 residencias privadas no concertadas que atienden a personas dependientes con la prestación económica vinculada al servicio (PEVS)" que cumplan las ratios de personal establecidas en los Acuerdos de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia.

"Están aplicando unas ratios de personal absolutamente inferiores en una actitud que consideramos de deslealtad institucional hacia el resto de comunidades autónomas", han asegurado desde Pladigmare en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Consideran que esto implica que los ciudadanos de la región están "en peor condición que el resto de los ciudadanos" de cualquier otra autonomía que "sí cumpla con los acuerdos de acreditación".

Exponen en un comunicado que para ser acreditadas, las residencias tienen que cumplir unos determinados requisitos, entre los que se encuentran las ratios de personal. Hasta el año 2023, estas ratios son las que figuraban en la Resolución de 2 de diciembre de 2008 del Consejo Territorial de la Dependencia (0,28 para gerocultoras o 28 gerocultoras por cada 100residentes y 0,47 para todo el personal o 47 trabajadores por cada 100 residentes).

"Aplicar unas ratios de una Orden de la Comunidad de Madrid (la 612/1990), notablemente inferiores (0,35 para todo el personal) es absolutamente ilegal, porque otorga la categoría de acreditadas a residencias que no cumplen los requisitos para ello. La Comunidad de Madrid ampara y fomenta esta ilegalidad", han añadido desde la plataforma.

LA COMUNIDAD TRABAJA EN NUEVA ORDEN DE ACREDITACIÓN

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han recordado a Europa Press que el Ejecutivo autonómico votó en contra de los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia de 2022 por carecer de memoria de impacto económico ni dotación presupuestaria por parte del Gobierno.

Han incidido, además, en que el Ejecutivo central debe aportar la mitad de la financiación de la dependencia, "como se comprometió con el PNV y BNG, pero que el año pasado "apenas alcanzó el 31% total de la inversión destinada a personas dependientes" en la autonomía y que el resto, el 69%, corrió a cargo de las arcas de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, han apuntado a que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está trabajando ya en una nueva orden de acreditación para todos los centros y servicios sociales de la región. Y los pliegos de los centros concertados ya se están diseñando con ratios superiores a lo que exigirá el Estado en diciembre de 2027.