El Consistorio ha apelado al cumplimiento del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la responsabilidad de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento de vivienda
La Oficina Municipal de Vivienda y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Parla han remitido una carta a 45 inmobiliarias del municipio para solicitar su colaboración con el objetivo de evitar situaciones de abuso en el cobro de alquileres de vivienda, tras el incremento de denuncias vecinales sobre el posible cobro de "comisiones ilegales", según ha informado la concejala de Vivienda, Marina Morcillo.
El Consistorio ha apelado al cumplimiento del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la responsabilidad de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato de arrendamiento de vivienda. En este punto, la edil ha hecho alusión al cobro del llamado "mes de agencia" que, en muchos casos, "se trata de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA" y que dificulta el acceso a los alquileres.
Dado que, a juicio de los responsables municipales, "se trata de una práctica que está fuera de la ley", el Ayuntamiento ha determinado intervenir "con el fin de proteger los derechos de las y los inquilinos de la ciudad, velando por el cumplimiento de la norma y garantizando la reducción de este gasto abusivo, para disminuir las barreras de acceso a la vivienda que existen en nuestra ciudad por el aumento generalizado de los precios", según la edil.
Con este objetivo, la Oficina Municipal de la Vivienda, además de supervisar el proceder de las 45 agencias inmobiliarias de la localidad, se pone a disposición de las mismas, sugiriendo posibles mejoras si fuera necesario, así como ofreciendo asesoramiento legal tanto a empresas como a la ciudadanía sobre las cuestiones que pudieran surgir durante el proceso contractual de arrendamiento.
PROTECCIÓN
La misiva, que ya ha comenzado a recibir respuesta por parte de las agencias, "busca proteger tanto a éstas en el desarrollo de su actividad, como defender a los ciudadanos y ciudadanas ante posibles situaciones abusivas derivadas de dicha actividad", según la edil.
La comunicación hecha por el Ayuntamiento coincide con la advertencia realizada el pasado viernes por la Dirección General de Consumo del Gobierno de España en la que instaba a las agencias inmobiliarias a cumplir con dicha previsión legal y a recordar que en el caso de que persistan estas prácticas se procedería a abrir una infracción grave (sanción económica entre 10.001 euros y 100.000 euros) en virtud del art.48 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
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