Además, estimará esta semana el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez al ver desproporcionada la condena que le impuso el Tribunal Supremo
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avalará el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros.
Además, estimará esta semana el recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez al ver desproporcionada la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por propinarle una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014.
Según consta en el orden del día, los magistrados de la corte de garantías abordarán ambas cuestiones en el Pleno que se celebrará este martes, miércoles y jueves. Fuentes jurídicas indican a Europa Press que lo previsible es que estos dos asuntos sean aprobados por la mayoría progresista, de siete magistrados frente a cuatro.
Las mismas fuentes precisan que la magistrada progresista María Luisa Segoviano, a cargo del borrador de la sentencia sobre el recurso de Rodríguez, defenderá que la pena impuesta fue desproporcionada en lo que respecta a sus consecuencias porque supuso que el entonces diputado perdiera su escaño en el Congreso.
El Supremo condenó a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El alto tribunal sustituyó la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.
Al margen, Rodríguez impugnó el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el Tribunal Supremo le condenara. Sin embargo, en esta ocasión el TC no entrará en este asunto.
EL RECURSO DEL GOBIERNO DE AYUSO
En el marco de este Pleno, sí está previsto que los magistrados estudien un borrador de sentencia --elaborado por la magistrada progresista María Luisa Balaguer-- que propone rechazar el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas.
Fuentes de la corte de garantías señalan a Europa Press que Balaguer sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.
Madrid defendía en su impugnación que el nuevo tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas.
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.
LOS INDULTOS DEL 'PROCÉS'
Asimismo, consta en el orden del día del Pleno del TC el debate sobre el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de los líderes del 'procés' condenados por sedición y/o malversación.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que el borrador de la sentencia, a cargo del magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez, propone dar la razón a los 'populares', que sustentaron su recurso de amparo parlamentario en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara a preservarlos.
Las mismas fuentes advierten de que será una deliberación compleja, dado que es probable que la mayoría progresista se muestre en desacuerdo con el planteamiento de Enríquez. De hecho, hay voces en el Constitucional que no descartan que se designe un nuevo ponente para la sentencia.
AVALARÁ LA 'LEY RIDER'
Otro de los asuntos a tratar será el recurso del PP contra el decreto-ley 9/2021, por el que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para "garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales", más conocido como 'ley rider'.
Tanto PP como Vox impugnaron el decreto-ley con el que el Gobierno obliga a contratar a los repartidores por considerar que el Ejecutivo hizo un "uso abusivo" de este instrumento normativo.
El pasado septiembre, el Constitucional rechazó la ponencia elaborada por Enríquez, la cual defendía que no existía la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para regular vía decreto-ley, considerando que se podía haber optado por el trámite legal habitual.
El magistrado conservador optó por retirar su texto y se decidió que antes de volver a analizar una nueva ponencia sobre el recurso de Vox se estudiaría la del magistrado progresista Ramón Sáez sobre la impugnación 'popular', que plantea avalar el decreto-ley cuestionado y se espera que cuente con el 'placet' del Pleno.
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