Un "tribunal ciudadano" presidido por el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y promovido por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia examinará durante los próximos días 15 y 16 de septiembre las muertes ocurridas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid-19.
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid es el nombre del organismo creado a petición de familiares de personas fallecidas agrupados en ambas plataformas para investigar las muertes de 7.291 personas en dichos centros sin recibir atención sanitaria.
Junto a Pallín, constituyen esta comisión la doctora en epidemiología por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, María Victoria Zunzunegui Pastor, y el médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria Fernando Lamata Cotanda, quien ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad y ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias;
También lo integran la escritora Anna Freixas Farré, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad Fernando Flores Giménez; la socióloga y politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza Cristina Monge Lasierra, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III y especialista en memoria histórica Eduardo Ranz Alonso.
Durante los días 15 y 16 de septiembre, esta comisión entrevistará a personas que sufrieron esta experiencia en primera línea, a personas que por su profesión tienen conocimientos de lo sucedido y a personas con responsabilidades políticas en aquellos momentos.
COMPARECENCIAS VIERNES Y SÁBADO
Las comparecencias se celebrarán el viernes 15 de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00, y el sábado 16 de 10.00 a 14.30 en el número 79 de la Avenida de Portugal. Con posterioridad, emitirá un informe que entregarán en diversas instituciones de la Comunidad, nacionales e internacionales.
Como recuerdan las plataformas a través de un comunicado, en la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total de residentes), y de ellas, 7.291, el 77%, lo hizo sin recibir atención hospitalaria.
Asimismo, critican que las derivaciones desde las residencias a los hospitales "se desplomaron a partir del 6 de marzo" y los protocolos del Gobierno autonómico "impidieron el traslado de pacientes a hospitales públicos" y "tampoco se medicalizaron las residencias".
El pasado 23 de marzo, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur declararon el pasado 23 de marzo en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.
Reyero volvió a testificar por segunda vez en junio en una de las causas judiciales en las que se investigan los protocolos de derivación de la Comunidad de Madrid en residencias durante la primera ola de la pandemia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó previamente, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
Si (
No(
