Este jueves entra en vigor la Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, restringirá las llamadas comerciales a números aleatorios de usuarios. La secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González, ha defendido la medida en declaraciones a Europa Press Televisión, afirmando que esta norma "ha sido una ley fundamental dentro de un paquete de reformas que el Gobierno de España ha hecho para modernizar la economía pero, sobre todo, para facilitar la vida a los españoles, a la gran mayoría de los españoles".
La secretaria de Estado se ha centrado en el artículo 66.1b de la ley que prohíbe las llamadas comerciales a números generados de forma aleatoria sin el consentimiento previo del usuario, sin que este tenga que solicitar la inclusión de su número en una lista como ocurría hasta ahora. "Lo que estamos garantizando es que si no has dado un consentimiento expreso o tienes una relación comercial con una empresa", ha enfatizado González, "no te puedan llamar directamente".
En caso de seguir recibiendo este tipo de llamadas el usuario puede denunciar los hechos por vía telemática ante la Agencia Española de Protección de Datos, que a su vez, si se dan las condiciones abrirá un expediente sancionador a la empresa de la que procedan las llamadas. "La realidad es que hoy ya no te puede llamar un operador con el que no tengas una relación contractual, o la hayas tenido durante el último año", ha indicado la secretaria de Estado.
La ley recoge algunos supuestos en los que se permite la realización de este tipo de llamadas dentro de los que se entiende como interés legítimo. Algunos de estos casos son empresas con las que el usuario haya mantenido una relación comercial en el pasado año y sólo para comunicar ofertas de servicios relacionadas con el tipo de contrato que se había establecido previamente.
Adicionalmente, estas llamadas tendrán que ser grabadas de forma obligatoria y se recoge la capacidad del usuario a negarse a recibir este tipo de llamadas e incluso revocar el consentimiento expreso a recibir este tipo de comunicaciones y que el usuario otorga habitualmente al firmar un contrato.
La secretaria de Estado ha puntualizado también que esta norma afectará a todas las llamadas que reciban usuarios en territorio español aunque la llamada proceda de fuera del territorio nacional. "Damos un salto de mejora", ha indicado, "teníamos que dar un paso como hemos hecho con esta ley y como hemos hecho con otras tantas cosas".
LA OCU EXIGE QUE SE CUMPLA LA LEY
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido a las empresas de telemarketing que no hagan una "interpretación tramposa" de la nueva norma que entrará en vigor hoy 29 de junio y que prohibirá las llamadas comerciales salvo que exista una solicitud o un consentimiento previo y expreso por parte del consumidor.
Según ha explicado el portavoz de la OCU, Enrique García, en declaraciones a Europa Press Televisión, a partir de hoy "se hará necesario el consentimiento expreso de los consumidores para poder recibir llamadas comerciales", algo que ha calificado como un "avance significativo para intentar acabar con el 'spam' telefónico".
En cuanto a los sectores, el 'spam' (acoso) telefónico se concentra casi exclusivamente en tres sectores la telefonía, con el 47%, la energía con el 30% y los servicios financieros con el 15% de las llamadas.
"Pedimos a las compañías que no hagan una interpretación tramposa de lo que claramente dice la ley, que es que se necesita el consentimiento expreso y que no busquen un subterfugio en la aceptación de las condiciones generales que la mayoría ni siquiera lee y en las que puede haber esa autorización a recibir llamadas comerciales que en realidad no queremos", ha advertido el portavoz de OCU.
En esa línea, García ha recordado que incluso aquellos que están inscritos en 'Lista Robinson' --que recoge a los usuarios que no quieren recibir este tipo de publicidad-- reciben llamadas "a pesar de que han manifestado su deseo de que no se les llame".
La OCU recuerda que en el supuesto que el usuario continúe recibiendo estas llamadas que no se ajustan a la normativa "puede manifestar su derecho de oposición al tratamiento y la cancelación de sus datos" y para ello recomiendan hacerlo por escrito "identificando a la empresa que te ha llamado y dirigiéndose por escrito al responsable de protección de datos de la empresa, que es una figura obligatoria", porque hacerlo por teléfono "es cómodo pero hemos comprobado que muchas veces no se cumple".
Según algunos estudios recientes de OCU, en la práctica resulta casi imposible saber qué empresa está detrás, "solo en el 33% de las llamadas es posible saber qué empresa hay detrás, el resto son llamadas anónimas donde el consumidor no tiene manera de ejercer el derecho a la cancelación de sus datos personales".
Por todo ello, García ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "garantice, vigile y garantice el cumplimiento de la norma".
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