También cambiar el himno regional por la canción 'Pongamos que hablo de Madrid' de Joaquín Sabina
La candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid propone reducir la barrera electoral para entrar en la Asamblea de Madrid del actual 5% al 3% y que cambiar el himno regional por la canción 'Pongamos que hablo de Madrid' de Joaquín Sabina.
Para ello y mucho más, la lista que encabeza Alejandra Jacinto quiere una reformar integral del Estatuto de Autonomía. "Es necesario impulsar un proceso constituyente regional que, de forma participativa, revierta el proceso de degradación institucional, y rediseñe la estructura administrativa y de Gobierno e instaure un reconocimiento efectivo de un catálogo de derechos sociales avanzado y pionero dentro del Estado español", consideran.
También quieren que el nuevo Estatuto de Autonomía "blinde" las servicios públicos esenciales y reintegre estos a una gestión 100% pública, que implante un modelo comarcalizado de región "que sea un contrapeso a la centralidad de la capital", que establezca una descentralización de competencias hacia las municipios, reconozca la titularidad publica de empresas en sectores estratégicos, "como la creación de una banca pública madrileña y empresas de desarrollo industrial".
La candidatura encabezada por Alejandra Jacinto propone instaurar una "verdadera cultura" de la participación democrática, fomentando el asociacionismo y el peso de las estructuras representativas en cada materia.
Si gobierna, Podemos establecerá un Código Ético autonómico para cargos públicos, ya sean diputados de la Asamblea de Madrid o del Gobierno, que establezca el compromiso publico de dimisión/cese ante incumplimientos del mismo.
Además, limitarán el sueldo de los cargos públicos a tres salarios mínimos y prohibirán que perciban ayudas sociales porque la política institucional "no debe ser una instancia de acumulación de patrimonio".
AUDITORÍA Y DEUDA ILEGÍTIMA
Entre otras medidas, la formación morada propone una auditoria "a fondo de las instituciones madrileñas para investigar los últimas 25 años de corrupción y acudir a las autoridades judiciales con las resultados que se deriven de la misma y analizar que parte de la deuda publica de la Comunidad de Madrid puede considerarse ilegítima por haberse contraído como consecuencia de actividades corruptas".
También impulsarán una Ley del denunciante de corrupción para proteger a las personas que quieran denunciar situaciones de corrupción tanto en el ámbito privado coma publico y para habilitar mecanismos para que puedan realizar estas denuncias. Para esto sería fundamental el desarrollo de una Agencia Anticorrupción similar a la valenciana, apuntan.
Podemos defiende, de acuerdo a las competencias, un instrumento de participación ciudadana para el cogobierno de la región: los Consejos Locales de la Comunidad de Madrid. "Se tratara de implementar, a través de un proceso de constitución reglamentaria con los actores de la sociedad civil y los partidos políticos, una mediación entre vecinos de los distintos pueblos, ciudades y comarcas de la región y el Gobierno de la Comunidad de Madrid", detallan.
Asimismo, establecerán un Consejo de colaboración de la Comunidad de Madrid con las entidades locales donde los Consejos Locales tengan participación obligatoria en sus plenarios y cuyas decisiones no sean vinculantes al tratarse de un órgano consultivo por parte de la Comunidad.
CRITERIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ECONOMÍA SOCIAL
Podemos también propugna implantar criterios de contratación pública que limiten la dependencia de las administraciones de las empresas multiservicios, las grandes consultoras y las empresas dedicadas casi en exclusiva a la provisión de servicios a la administración.
También garantizar criterios de economía social, entre ellos el de favorecer a empresas con un alto numero de trabajadores jóvenes o de mas de 50 años, o el de priorizar cooperativas. Además, buscan fijar condiciones exigentes en materia de igualdad en la empresa, "que vayan mas allá de la existencia misma de un Plan de igualdad y marquen estándares de medidas de esos planes, así como de su cumplimiento efectivo y el seguimiento de los mismos".
En este sentido, vetarán empresas con condenas judiciales o sanciones de la inspección de trabajo por vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras y a grupos empresariales condenados por persecución sindical.
Entre otros puntos, para contratar con la Administración autonómica valorarán la huella ecológica de las propuestas y proyectos, acabarán con el fraccionamiento de contratos y prohibirán contratar con aquellas empresas que tengan sedes u operen desde paraísos fiscales o condenadas por fraude fiscal.
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