La concejal de Alcorcón Susana Mozo Alegre se sentará el próximo mayo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la liquidación por 34 millones de euros de las obras del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) en 2012.
El procedimiento tiene su origen en una querella presentada por la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, contra la edil del Partido Popular por autorizar la liquidación de la citada empresa municipal.
El pasado diciembre, el juez que instruyó el caso acordó la apertura de juicio oral, a instancias de la Fiscalía de Madrid, contra la concejal popular por un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita que se la inhabilite para empleo y cargo público durante diez años y que se anule de pleno derecho el contrato de 9 de marzo de 2012 relativo a la citada liquidación.
Según el fiscal, la empresa municipal de la vivienda (EMGIASA) entró en 2012 en concurso de acreedores voluntario, al contar con un pasivo de más de 300 millones de euros.
En ese momento, se estaba finalizando la obra de la CREAA, ideada por el anterior alcalde socialista. Mozo Alegre firmó un contrato de liquidación de los 34 millones de euros de las obras, con la Unión Temporal de Empresas compuesta por FCC Construcción y Ferrovial Agroman.
La concejala acusada era entonces consejera delegada de la empresa de la vivienda municipal y carecía de competencias para autorizar dicha liquidación, según el fiscal. Pese a ello, firmó el contrato "a sabiendas de que su decisión contravenía las facultades que tenía atribuidas".
Como consecuencia del contrato, EMGIASA resultó obligada a abonar a la contratista más de 33 millones de euros "a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato al carecer de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a los 90.000 euros".
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