Afectados por la especulación en los precios del alquiler de sus viviendas de protección se han concentrado en el barrio de Buenavista en Getafe contra las subidas abusivas en la renovación de los contratos y han gritado consignas como 'No nos vamos, nos quedamos'.
En una rueda de prensa, junto a pancartas en las que se podía leer 'No más expulsiones de nuestros barrios' o 'Por un alquiler justo y estable', han puesto de relieve la necesidad de una regulación de alquileres en los términos que plantean los colectivos de vivienda.
Según han explicado, esta campaña engloba a más de 300 inquilinos por toda la Comunidad de Madrid "que han decidido, junto al Sindicato de Inquilinos, plantarse ante el casero más grande del Estado y no firmar las subidas abusivas del alquiler una vez finalizados sus contratos".
De esta forma, continuarán viviendo en sus casas con la convicción de continuar juntos hasta que el fondo de inversión propietario de las viviendas se siente a negociar unos nuevos contratos "y suspenda los procedimientos de desahucio que ya ha abierto contra más de 15 de estos inquilinos".
CONTINUAR EN SUS VIVIENDAS
Los afectados en Getafe se concentraron también el pasado jueves frente al Ayuntamiento coincidiendo con la celebración del Pleno en el que se aprobó una moción conjunta de Más Madrid Compromiso con Getafe, PSOE y Podemos para que, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV), se inicie un procedimiento de negociación junto a las familias arrendatarias.
Se trata de las promociones de la avenida Segunda República 15, 17 y 19 y Calle Lina Ódena 1, 3, 5 y 7 en el barrio de Buenavista para conseguir una situación que les permita continuar en las viviendas, bien como propietarios en los casos de alquileres originalmente con opción a compra, o bien como arrendatarios.
En la moción, también se ha reflejado solicitar a los servicios jurídicos de la EMSV "el posible incumplimiento de las cláusulas para, en su caso, iniciar las acciones administrativas y judiciales oportunas a favor del interés general".
Asimismo, se pretende organizar, con carácter urgente, una mesa de negociación compuesta por vecinos afectados, el Ayuntamiento de Getafe, la Comunidad de Madrid, el Sindicato de Inquilinos y Fidere.
Estas promociones agrupan 248 viviendas, cuyos vecinos "han contado a todos los grupos políticos que la mayoría llevan siete años o más en las viviendas, pero Fidere ha decidido no renovar más los contratos, que finalizan este lunes, ofreciendo en su lugar nuevos contratos con subidas de entre el 40% y el 60% en la renta, más gastos de comunidad e IBI".
LA EMPRESA DICE QUE ESTAN "DENTRO DE LO HABITUAL"
La empresa Fidere ha asegurado en un comunicado que las condiciones de alquiler ofrecidas a los inquilinos de sus viviendas se encuentran "dentro de lo habitual, 7 años más bonificaciones comerciales", y la renta "está alineada con los precios medios para viviendas similares en la zona", tras la protestas protagonizadas en la tarde de ayer por un grupo de vecinos en el barrio de Buenavista de Getafe contra la subida de los alquileres.
Asimismo, han señalado que la promoción de viviendas de Getafe fue adquirida por Fidere en noviembre de 2014 y que desde entonces se han mantenido las condiciones de protección en la renta de alquiler recogidas en los contratos con anterioridad.
Según Fidere, desde este pasado lunes, 84 viviendas pierden la condición de viviendas protegidas, "es decir, están en el mercado libre, y por ley es obligatorio gestionarlas bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos".
Además, han recordado que los inquilinos "son conocedores de que el programa de protección que han disfrutado durante 10 años tenía una limitación temporal ya que, de hecho, decenas de vecinos ya han renovado sus contratos con las nuevas condiciones".
"La política de Fidere en relación con sus inquilinos siempre está abierta a la revisión individualizada de las situaciones particulares de nuestros residentes", han subrayado.
Han agregado que son "sensibles" a la situación económica de algunos de sus inquilinos y han establecido un protocolo para "trabajar con familias en una situación socialmente vulnerable", revisando la situación de cada inquilino "caso por caso", y tratando de "ayudar a los residentes en riesgo de exclusión social".
"A tal efecto, Fidere cuenta con un equipo especializado que estudia cada caso y que, en un amplio porcentaje de las ocasiones, llega a acuerdos satisfactorios para ambas partes", han concluido.
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