La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una lista de espera de 21 familias para cubrir posibles viviendas vacantes de emergencia social, con un periodo de validez de tres meses, que quedaron fuera de la última adjudicación, según el acta al que ha tenido acceso Europa Press.
Para la concesión de las viviendas se sigue el orden establecido en la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de adjudicación de viviendas municipales para emergencia social, tras requerir documentación a todas aquellas familias que pueden optar a las viviendas y atendiendo a los expedientes e informes que ya tenían previamente abiertos por parte de los trabajadores sociales.
El protocolo de actuación establece que en el momento en que están disponibles viviendas de la unidad administrativa de Patrimonio, se comunica a los Servicios Sociales municipales y se eleva a la Junta de Gobierno la propuesta del inicio de procedimiento de adjudicación de las mismas.
Según la ordenanza, la puesta a disposición de las viviendas conlleva un canon mensual de, como máximo, un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.
No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.
La autorización demanial de ocupación de las viviendas se puede prorrogar hasta un máximo de cuatro años a propuesta de los Servicios Sociales, que justificarán la necesidad tras haber obtenido la mayor puntuación entre las familias seleccionadas en la lista de espera para participar en el procedimiento de puesta a disposición de la vivienda.
Los adjudicatarios deberán asumir el pago de los gastos relacionados con la instalación y consumo de suministros de luz, agua, gas y teléfono, teniendo que destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de los miembros de la unidad familiar que consten en el expediente de los Servicios Sociales municipales, quedando expresamente prohibido su uso por personas distintas sin autorización del Ayuntamiento.
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