La Iglesia española ha recibido 506 denuncias sobre abusos sexuales en los dos primeros años desde que se pusieron en marcha las oficinas para la prevención de abusos a menores.
Así lo ha indicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de los obispos españoles.
En concreto, Argüello ha precisado que de los 506 casos, en 103 de ellos el acusado ya ha fallecido, aunque ha asegurado que los casos se investigan aunque el presunto agresor haya fallecido o aunque el caso haya prescrito.
Precisamente, el portavoz de los obispos ha desgranado que la mayoría de las denuncias, un total de 300, obedecen a asuntos ocurridos hace más de 30 años.
Todas estas denuncias se han recibido a través de las 202 oficinas abiertas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas. Se refieren a sacerdotes, curas diocesanos y religiosos.
"Queremos apartar a personas que son indignas, que no haya lobos que se disfracen de corderos y que no se pueda dedcir que la Iglesia es un lugar inseguro para los niños", ha subrayado Argüello.
GABILONDO SE HACE CARGO DE LA INVESTIGACION
El Defensor del Pueblo ha asumido la encomienda aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados con el encargo de constituir una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos y dice que trabajará con "transparencia" y "discreción" para respetar a las víctimas.
La institución explica que la Comisión elaborará un informe con recomendaciones y conclusiones que se presentará a las Cortes Generales y al Gobierno de España "a fin de que se adopten las medidas que consideren necesarias en todos los ámbitos".
"Es voluntad de esta institución trabajar con la debida transparencia y con la discreción que requiere, a su vez, el respeto a las víctimas", subraya el Defensor en un comunicado recogido por Europa Press.
En este sentido, añade que procederá a informar periódicamente a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales sobre el estado de los trabajos.
El Defensor del Pueblo, señala que, con esta actuación, cumple con su obligación constitucional de defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y muy concretamente con los derechos de la infancia y de la adolescencia.
"Al conocer, prevenir y garantizar la protección de sus miembros más vulnerables, ante este tipo de conductas, se defiende a toda la sociedad y se contribuye a que sea más justa", subraya.
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