Varios miembros del Gobierno de Móstoles que formaban parte de la Junta Local que aprobó la "condonación" de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa declaran en el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles en calidad de investigados por el conocido como 'Caso ITV'.
Primero el teniente de alcalde, David Muñoz, después la concejala de Empleo, Rebeca Prieto, y el concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y finalmente la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
A la entrada del Juzgado todos han coincidido en señalar que a preguntas de los periodistas que están muy tranquilos. "Vengo a declarar, como me han dicho, voy a decir la verdad", ha dicho Muñoz; mientras que Martín ha subrayado que van "a colaborar con la justicia". "Confiamos en su trabajo", ha añadido el actual concejal de Seguridad.
El próximo lunes será el turno de la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides, ahora jubilada, y de la concejala de Educación, Natividad Gómez (Podemos), así como de la actual edil de Igualdad, Dolores Triviño. La primera edil ya lo hizo en noviembre, atribuyendo la acusación a "una querella política", manifestando estar "muy tranquila" y mostrando su confianza en la Justicia. También declararon ya el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines.
La querella, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril, se sustenta en que se "perdonó" el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad, según argumentan en la denuncia.
Las citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a "una querella política", manifestado estar "muy tranquila" y mostrando su confianza en la Justicia.
También fueron citados entonces como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa "descargó la responsabilidad" manifestado que se trataba de una iniciativa del concejal y que la urgencia también la tramitó el edil, según señalaron a Europa Press fuentes de la acusación.
"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años", recalcan en el documento.
Además, señalan que la decisión se toma "a pesar de la existencia de varios informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento", entendiendo que se pretendía acordar "una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local".
En el mismo documento de admisión a trámite se insiste en que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa".
Desde el Ayuntamiento de Móstoles han reiterado que "se trata de una querella política", y que lo que se hizo fue en pos de "mantener los empleos" y para "garantizar" que se pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado.
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