La aseguradora del único procesado por hacinar 534 cadáveres en la UCM paga 120.000 €

La aseguradora del único procesado por hacinar 534 cadáveres en la UCM paga 120.000 €

martes 25 de enero de 2022, 11:27h

En el departamento había niveles de contaminación ambiental "muy superiores a los valores permitidos"

La aseguradora del exdirector del departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina José Ramón Mérida ha depositado en el juzgado que investiga el hacinamiento de 534 cadáveres el pago de más de 121.000 euros en concepto de responsabilidad civil, lo que supondría asumir que las condiciones laborales que se permitieron atentaron contra la salud de cinco empleados.

José Ramón Mérida es el único procesado en esta causa al considerar la jueza que instruyó las diligencias penales que era responsable de las lamentables condiciones que sufrieron sus trabajadores, quienes acudían a su puesto de trabajo "a sabiendas de lo perjudicial que era para su salud e integridad física y psíquica".

La causa está ya en el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, cuyo titular tiene que señalar la fecha del juicio. La Fiscalía de Madrid solicita ocho años de cárcel por un delito contra la salud pública y cinco contra la integridad moral. El abogado José Luis Vegas, de Vegas Legal y que representa a los afectados, eleva su petición a 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.

En un escrito remitido al Juzgado, la representación legal de Axa Seguro, aseguradora de la UCM y de José Ramón Merida, informa de la consignación de diferentes cantidades resultantes de aplicar el baremo para su entrega a los lesiones, extrabajadores del departamento de Anatomía II.

Así, se ha depositado 48.577 euros para Pilar M; 15.323 para Jesús R.S.; 33.772 para María José H.H.; 17.847 para Samuel A.; y 5.813 para Laura S.L.

Desde la acusación particular de los trabajadores no están de acuerdo con estas cantidades y confían en que pronto pueda señalarse fecha para el juicio.

En la causa había más investigados denunciados por técnicos de este departamento pero se archivó su imputación al entender la jueza de Instrucción número 37 de Madrid que no tenían conocimiento de los hechos, entre los que se encontraba el entonces decano de dicha facultad.

MÁS DE 534 CADÁVERES HACINADOS

En el auto de procesamiento, el juez exponía que los técnicos de este departamento actuaban bajo las directrices de José Ramón Mérida y consistía en la recepción y tratamiento de cadáveres provenientes de donaciones para prácticas para la docencia de alumnos, cursos externos y usos científicos.

Desde el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2009 y el 20 de mayo de 2014, cinco técnicos desarrollaban su actividad laboral "sometidos y expuestos" a niveles de contaminación ambiental de formaldehidos y otros compuestos químicos "muy superiores a los valores límites máximos permitidos", así como a agentes biológicos infecciosos o parasitarios relacionados con la manipulación de cadáveres "con el riesgo para su salud derivado de ello.

Lo hicieron sin que contasen "con los equipos de protección individual necesarios, ni hubiesen sido dotados de medios de protección adecuados para la preparación y manipulación de cadáveres; ni para estar en contacto con los compuestos químicos de alta toxicidad que utilizaban, de modo que pudiesen desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".

"Además no existían protocolos ni procedimiento de trabajo alguno; los equipos de trabajo que tenían que utilizar tales como el horno crematorio carecían de libro de instrucciones, de manual de funcionamiento, y de requisitos de seguridad; situación que era conocida, consentida e impuesta por José Ramón Mérida, faltando a sus obligaciones como director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II", argumentaba la jueza.

Añadía que, a partir de 2012 las condiciones en que realizaba su trabajo el personal técnico del Departamento de Anatomía y Embriología Humana "se hizo prácticamente insostenible, degradándose día a día por incumplimiento por parte de Mérida de las obligaciones preventivas específicas y por la intensidad de riesgos existentes para la salud de dichos trabajadores".

La resolución constató el ingente número de cadáveres procedentes de donaciones que se recibían en el Departamento, hasta el punto de que en el mes de mayo de 2014, había 534 cadáveres hacinados, se llegó a una situación en la que "no había sitio para almacenarlos; por lo que estaban apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, y amontonados en el suelo y en otras zonas del sótano; sin estar conservados adecuadamente".

Lo trabajadores sufrieron "una situación laboral inhumana yendo incluso a trabajar, a sabiendas de lo perjudicial que era para su salud e integridad física y psíquica, siendo además responsabilizados por su superior jerárquico que les atribuía la culpa de las condiciones en que desarrollaban su actividad laboral achacándoles desidia o no utilización de los medios de los que afirmaba disponían".

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