Tenemos por delante 30 meses para que las urnas mantengan a Pedro Sánchez o lleven a Pablo Casado a La Moncloa sin que en ese tiempo se rompa España. Es el tiempo de la Legislatura, el tiempo oficial que ni el actual presidente del Gobierno, ni el jefe de la oposición quieren cambiar a la espera de que los vientos electorales sen pongan favorables a sus partidos. Que todo parezca cambiar para que apenas cambie.
Antes ya habrán tenido varias pruebas sobre su propio futuro en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, e incluso unos meses antes en Andalucía si Juanma Moreno se ve en dificultades por la oposición de Vox tras el incidente de Ceuta , o logra que su vicepresidente Juan Marín termine de enlazar los intereses de un Ciudadanos en caída libre con los del partido que consiguió una victoria inesperada frente a Susana Díaz.
La intensa actividad pre electoral ya ha comenzado con los habituales amenazas y distanciamientos, se esté o no en los distintos gobiernos y coaliciones. Pasó con los comicios europeos y continuarán con las elecciones municipales en toda España y las autonómicas en 13 Comunidades para terminar con las Generales del mes de noviembre de 2019. Por medio y en razón de las situaciones de la distintos gobiernos regionales podemos repetir elecciones , casi con total seguridad tras ver el distanciamiento de Vox y el PP en Andalucía, en Navarra, y en Cataluña por la continua crisis dentro del gobierno de Pere Aragonés y las intenciones de Carles Puigdemont desde Bélgica.
En Galicia y en El País Vasco se tendrán que celebrar los comicios autonómicos en 2016, pero cabe de igual forma que se aborden elecciones anticipadas si tanto Urkullu como Feijóo creen que la mejor forma de afrontar la larga crisis y obtener más cesiones por parte del gobierno central es reforzar sus propias posiciones regionales.
En este contexto todas las formaciones políticas ya han empezado a sondear y hasta elegir que cabezas de lista les representarán en sus distintas candidaturas y el resto de los componentes de las mismas.
Con varios niveles de exigencia y varias notas comunes en todas ellas: la incertidumbre que producen, los movimientos internos que provocan, la exigencia y la responsabilidad en los dirigentes en la elección y supervisión de los candidatos, y la redacción y defensa de los distintos programas que se presentan a los ciudadanos.
Cada una de las elecciones influirá en las siguientes y condicionará tantos los movimientos internos en los partidos, como los programas, y el mas que posible rechazo a las medidas generales que se tomen desde el gobierno de la Nación por parte de los gobiernos regionales y de los Ayuntamientos, incluso de aquellos que tengan el mismo color político.
De la concentración a la dispersión del voto
Si en los primeros años de la actual Democracia española asistimos a una concentración política y partidista, tanto en votos como en formaciones que concurrían a las elecciones con posibilidades de conseguir representación, hasta el extremo de que los dos grandes partidos han llegado a obtener el 80 por ciento de los sufragios emitidos y de la representación parlamentaria; nos encontramos ahora con el fenómeno inverso: Partido Popular y Partido Socialista, por el desgaste que han sufrido y están sufriendo por la crisis, van a perder gran parte de esa hegemonía, pudiendo en algunas zonas caer por debajo del 50 por ciento de los votos. Con subidas nacionales de Izquierda Unida y de UPyD, y de subidas autonómicas de fuerzas más radicales y nacionalistas como son ERC en Cataluña y Bildu en el País Vasco y Navarra. Con Parlamentos más atomizados, la gobernabilidad será más difícil y las tensiones más acentuadas.
Los largos 13 años de crisis económica, primero y sanitaria después, han tenido graves consecuencias en la estructura política de España. Los ciudadanos desean cambios estructurales que hasta ahora los políticos apenas han abordado, y si lo han hecho ha sido con enfrentamientos internos en razón de la Comunidad en la que se han producido.
La sociedad españolas se muestra muy crítica con el sistema de poder y la imagen de los políticos aparece en todos los sondeos como mala o muy mala. Algo que afecta también a otros poderes como son el Judicial, que en todos sus estamentos vive una situación de provisionalidad, y el Legislativo, cada vez menos valorado y menos activo en el control que debe afectar sobre el gobierno.
Las tensiones independentistas se han agudizado en Cataluña y Euskadi, y en menor medida en Canarias y en Galicia. Por primera vez la Corona y la Monarquía llevan siete años en entredicho por errores propios y crisis global de los acuerdos sobre los que se articuló la Constitución de 1978. Los desarrollos de los distintos Estatutos de autonomía han incrementado las tensiones y la sensación ciudadana de que la estructura política de España esta sobredimensionada, es costosa y no resuelve los problemas del día a día. Y que son los propios políticos los que, en general, se resisten a los cambios que parecen cada vez más urgentes, tanto en cantidad como en calidad de los representantes sociales.
Las críticas y la necesidad de cambios afectan también a las organizaciones empresariales y sindicales, percibidas como parte del mismos poder y la misma estructura del estado, como partes de la misma Administración omnipotente y omnipresente en todos los actos de la. Ida social.
Las claves económicas están en Europa
La existencia de cinco millones de parados es la principal preocupación de los españoles, que la unen a la segunda: unos altos niveles de corrupción sobre el oscuro fondo que envuelve los niveles altos de la pirámide social y que afecta de forma reiterada a la Monarquía, a los partidos políticos, a las Administraciones públicas, a las organizaciones empresariales y sindicales, en un largo etcétera que parece no tener fin.
Las medidas tomadas por el gobierno y que ha enviado para su aprobación a Bruselas con el fin de poder recibir las ayudas financieras absolutamente necesarias, no se perciben como eficaces y por lo menos no se plasmarán en la vida de los españoles hasta el año 2024, fecha que ponen todos los expertos como la que demostrará que han sido beneficiosas para atajar ese primer problema con la creación de empleo, la mayor disponibilidad de renta por parte de los ciudadanos, un aumento del consumo, una mayor estabilidad social y una menor corrupción, en general, que vaya eliminando ese más de 20 por ciento de economía sumergida que padece España de forma crónica.
Si por un lado asistimos a la concentración de grandes empresas y grandes bancos, por otro el necesario crédito a las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido industrial, no termina de llegar y mantenerse, con aumentos de la morosidad en todas las entidades, y reestructuraciones de plantilla en todos los sectores y empresas.
Se ha modificado varias veces y estamos a la espera de una nueva, la Legislación laboral, pero desde las instancias europeas e internacionales ( Comisión, Banco Central, Fondo Monetario, Agencias de calificación ) se insiste en que se deben dar nuevos pasos con menores salarios, mayor productividad, menos ayudas, menos y menores pensiones, mayores períodos de cotización, que no van a ayudar en principio y a corto plazo en la percepción ciudadana de que se podrá salir de la crisis con mayor sacrificio por parte de los más débiles. Una sensación que se va a trasladar a todos los partidos a la hora de abordar un panorama electoral, unos programas y un imagen personal y partidista de los distintos candidatos.
Grandes cambios en medios de comunicación
La crisis ha afectado a todos los medios de comunicación y a todos los grupos empresariales de los mismos. La última sustitución en la dirección de El País tras las luchas empresarial les de los últimos meses son la mejor de las pruebas. Unos movimientos que van a seguir con la aparición de nuevas televisiones mucho más politizadas y con la absorción de algunas cabeceras digitales por parte de los grandes conglomerados mediáticos.
Desde el liderazgo de El País y la Ser frente a las dos grandes cadenas de televisión, todos ellos sujetos a una lucha por los ingresos publicitarios y una reducción evidente de la calidad informativa. La acumulación de pérdidas anuales, la caída de la publicidad, el cambio brutal de lo analógico a lo digital, del papel a las redes sociales, de la distribución en los quioscos a la lectura en internet o en los soportes de tablets y smarfones, ha hecho que la influencia de los medios esté cambiando a gran velocidad, que las fuentes de información y opinión no sean las mismas que hace apenas cinco años, y que los ciudadanos se formen y decidan su voto de forma muy diferente a lo que hicieron durante las cuatro décadas pasadas.
La vieja y repetida afirmación de que una imagen vale más que mil palabras es más verdad que nunca. Se consumen imágenes por varios canales, de los cuales el menos impactante y decisivo es el papel. Y eso lleva de forma inmediata a la necesidad de analizar, plantear y llevar a cabo acciones audiovisuales, a partir de las cuales se elaboren mensajes y propuestas que lleguen a los ciudadanos de una forma inmediata y desde múltiples dispositivos y emisores, algo que no podía hacerse a finales del siglo pasado.
La televisión y sobre todo las redes sociales son el gran vehículo que se ha impuesto. Las imágenes se convierten en la esencia de los mensajes que se quieren transmitir. Sobre ellas se puede construir el discurso político, económico y social para la mayor parte de la población. Discurso que debe ser tan breve para que proyecte una imagen que encajé y entronque con la propia imagen audiovisual de los candidatos que arrincona la esencia del mismo hasta convertirlo en una caricatura, una técnica de comunicación que insiste en el mismo mensaje “publicitario”, cuanto más simple y breve mejor, y que cambia las históricas ldosis de credibilidad necesarias para ser asumido y crear opinión.
