El que fuera primero gerente y después tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, declaró el pasado 24 de febrero ante el juez que instruye el caso 'Púnica' que el PP de la Comunidad de Madrid entregaba los donativos que recibía en efectivo a la tesorería de partido nacional, y desde allí posteriormente se realizaban transferencias bancaria de vuelta a las cuentas regionales del partido. Apuntaba así a una operación de blanqueo del dinero que llegaba en forma de donativos en efectivo de empresarios, de los que calcula que el 98 por ciento eran constructores.
La razón de esta operativa, según la declaración como testigo del extesorero ante el juez del 'caso Púnica' Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso Europa Press, se encontraba en que determinados conceptos no podían ser abonados en efectivo cuando se trataba de una campaña electoral y el objetivo era que el dinero se reflejase en las cuentas tanto bancarias como contables de la sede regional.
Se recibían cantidades importantes", señala el extesorero ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, apuntando al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, como la persona con la que tanto él como el tesorero que le precedió en el cargo, el fallecido Álvaro Lapuerta, trataban estos asuntos.
En todo caso, Gutiérrez sería un mero "mandado" de los últimos responsables de las operaciones, que no eran otros que el presidente y el secretario general del partido en Madrid en cada momento. Al insistir el fiscal, Bárcenas apunta que la presidenta desde 2003 y hasta que él abandona el partido es Esperanza Aguirre, y señala como secretario general, aunque expresando algunas dudas, a Francisco Granados.
Esta operativa, junto con fondos donados por empresarios a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam) serían las dos vías utilizadas desde al menos 2003 por el PP de Madrid para eludir la ley en lo relativo a las campañas electorales que, según detalló Bárcenas a preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro.
Fue la Fiscalía la que instó esta declaración tras el escrito en el que el extesorero del PP se puso a disposición de la Audiencia Nacional para colaborar en esta pieza y en la causa sobre la presunta caja B del partido, ambas en instrucción.
En relación con estas operaciones, el fiscal se interesa durante el interrogatorio por la cantidad a la que ascenderían estas donaciones en B por cada campaña, lo que Bárcenas calcula entre 300.000 y 400.00 euro y califica de "habitual".
"Las campañas electorales de Madrid, desde que yo tengo memoria, han supuesto un gasto electoral superior al limite máximo permitido por la ley, no tengo la menor duda - confesó-. En todas las campañas electorales, pero no de Madrid exclusivamente, los límites electorales se superan".
Es en este contexto en el que se sitúa, entre 2007 y 2008, la entrega por parte de Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de Luis Gálvez, propietario de la Constructora Ploder
"Álvaro se lo entrega a Esperanza Aguirre en un marroncito pequeño, como los que utilizábamos en la tesorería del partido" y "tenía que ser en billetes de 500 porque no abultaba gran cosa", detalla a preguntas d de la Fiscalía, para insistir que ese dinero había que "aplicarlo directamente a lo que el empresario había pedido", que era la campaña de Aguirre. "¿Le vale como testimonio directo?", concluye Bárcenas sobre este capítulo ante las precisiones que le pedía el fiscal.
APUNTA QUE AGUIRRE PAGO LAS REFORMAS DE LA SEDE DEL PP DE MADRID POR DEBAJO DE SU COSTE
Barcenas también ha apuntado la existencia de irregularidades en los pagos realizados por el PP de Madrid siendo presidenta Esperanza Aguirre por la reforma de su sede, que ocupa la primera planta del edificio de Génova 13 donde también se ubica la sede nacional. "Pagaron 200.000 euros, y estoy en condiciones de afirmar que costó más que ese dinero", afirmó Bárcenas durante su comparecencia.
Bárcenas realizó estas afirmaciones durante una declaración realizada a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que por escrito comunicara a la Audiencia Nacional que disponía de datos que podrían servir para aclarar algunos aspectos aún ocultos en el caso Púnica --relativo a la pieza que investiga la financiación del PP en Madrid-- y en el caso de la presunta caja B de la formación a nivel nacional.
En un momento de su declaración, que se extendió durante unas dos horas y media, Bárcenas apunta que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "quiso, en su momento, que la sede central asumiese" el coste de las obras de la planta primera de Génova 13, donde se ubicaban las oficinas del PP de Madrid, si bien el tesorero entonces, el ya fallecido Álvaro Lapuerta, se opuso. Se trata de las mismas obras --las del edificio completo-- cuyo pago con presunto dinero en B se está juzgando estas semanas en la propia Audiencia Nacional, con Bárcenas como principal inculpado.
"Álvaro no accede a eso dice que tenía que financiarse con el dinero de la sede regional y asumen ellos", añade Bárcenas si bien seguidamente sugiere la existencia de irregularidades señalando que, pese a ocupar unos metros cuadrados similares, por la reforma por planta el PP nacional paga aproximadamente 1,1 millones de euros mientras Aguirre abona por su sede unos 200.000 euros.
"¿Está en condiciones de afirmar que costó más de ese dinero?", le pregunta el fiscal Alejandro Cabaleiro, a lo que Bárcenas responde que lo puede afirmar "porque son comparables, con algo menos de calidad, y si una planta nuestra estaba en torno al millón y medio ejecutado y ellos han pagado 200.000 no cuadran los números".
Pese a desconocer qué empresa pudo hacer las obras para el PP de Madrid, el ex tesorero apunta en este momento a OHL, dada la relación directísima de esta firma con el secretario general del Partido regional entonces, Francisco Granados. Esta relación añade, le fue explicitada a Lapuerta por el propio fundador de la firma Juan José Villar Mir, puesto que la constructora estaría financiando de forma paralela al PP nacional y al regional.
MERCADO PUERTA DE TOLEDO
Pero la declaración de Bárcenas no quedó ahí, y en un momento dado a preguntas de la acusación popular del PSOE, Bárcenas señala que si bien no le constaba que se hubiera usado el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) para obtener fondos para el PP de Madrid, sí que se usaba para tal fin el Mercado Puerta de Toledo, que es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, y de la que fue gerente también el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
Así, en su comparecencia relató que en una ocasión recibió la visita de un miembro de una empresa proveedora habitual del partido nacional denominada MQM, que le trasladó que el PP de Madrid quería que girara una factura al Mercado Puerta de Toledo cuando en realidad el cliente era el partido regional.
"La factura que tendría que haber pagado la sede regional pretendían pagarla a través del Mercado Puerta de Toledo", apuntó, para añadir que el empresario se lo refirió a él y a Lapuerta porque quería que tuvieran conocimiento de esa "mala práxis". Bárcenas indicó que a pesar de saber que se hacía así, decidieron que como era un tema de Madrid decidieron "que lo arreglara Madrid".
De esta forma, el extesorero respaldaba su afirmación de que el PP de Madrid usaba esa vía del mercado para financiar los gastos de las campañas electorales. Al igual que defendía que había estanqueidad entre las cuentas de las diferentes sedes regionales con la nacional porque "tenían que ser autosuficientes (...) y la nacional no aportaba fondos".
"NO SÉ SI LO LLAMARÍA MIRAR PARA OTRO LADO"
Llegado a ese punto, le preguntan las partes sobre cómo se trabajaba el gasto en procesos electorales, y explicó que la sede nacional conseguía la financiación para un crédito global que luego se dividía en bloques y se transfería a las regionales.
Al hilo, señalaba que esa era la parte del gasto "oficial" sobre la que había control porque existía un límite máximo de gasto electoral por campaña. Y añadía que de gastos que sobrepasaran ese límite, desde la sede nacional no se hacían responsables. "No sé si lo llamaría mirar para otro lado, pero lo que no sabíamos pues no lo conocíamos", indicó.
A lo largo de su declaración se dieron momentos de mucha tensión, por ejemplo durante el interrogatorio que realizó el abogado de la defensa de Esperanza Aguirre que le puso sobre la mesa varias sentencias en las que se ponía en duda la credibilidad de Bárcenas en sede judicial y que tenía animadversión hacia su patrocinada. Este abogado también arrojó sospechas sobre el reciente cambio de letrado del extesorero, y lo vinculó con una estrategia de defensa basada en buscar pactos con el Ministerio Fiscal.
LAS TRES CAJAS PARA PEDRAZ
Pero uno de los momentos que más trascendencia puede llegar a tener de cara a investigaciones relacionadas con las comisiones finalistas al PP, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 5, fue cuando el extesorero 'popular' reconoció que aun guarda tres cajas con documentación y que éstas estaban en posesión de un tercero.
"Sí, hay tres cajas con documentación que las tiene unas tercera persona", dijo a preguntas del abogado de Francisco Granados, para luego señalar que se han ofrecido en la pieza correspondiente y han facilitado incluso el nombre del guardián.
Con todo, matizó para tranquilidad de Granados que no afectaban a la causa 'Púnica' "sino a temas electorales de la sede central". "No se va a llevar sorpresas con los documentos sobre Granados o sus defendidos", le explicó al abogado.
"NO HAY ANIMADVERSIÓN, HE REFLEXIONADO"
Pese a señalar estos datos, apuntándolos como un hecho del que tuvo constancia directa, Bárcenas iniciaba su confesión negando animadversión alguna hacia miembros del partido en el que trabajó ni ánimo de conseguir beneficios penitenciarios. "Mi ofrecimiento es interesado, fruto de la reflexión los errores cometidos y daños que he podido causar a personas inocentes", apunta.
En cuanto a la vía Fundescam, Bárcenas recuerda durante el interrogatorio que desde su constitución, siendo él gerente a principio los años 2000, se le pidió que fuera "interlocutor con la CEOE para la búsqueda de donativos", ya que para los empresarios de Madrid el PP regional ya tenía cauces de contacto con el CEIM.
"Como consecuencia de mi interlocución se canalizaron a través de la donación los donativos que por ser campaña electoral no podían ir a los partidos (...)Se nos pide que hagamos patente que la CEOE está colaborando con Madrid regional", explica a preguntas del representante del Ministerio Público.
En cuanto a las pruebas que apoyen estas manifestaciones, Cabaleiro le pregunta en un momento del interrogatorio si, más allá de la credibilidad de su palabra, que en todo caso debe valorarse, dispone de algún tipo de "corroboración periférica" además de los recurrentes "sin ninguna duda" con los que iniciaba casi todas sus respuestas durante la declaración. El extesorero le responde que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da valor probatorio a las testificales, y que sus manifestaciones valen tanto como las de "cualquier otro testigo".
EMPRESARIO O CARPINTERO
En otro momento de la declaración interviene directamente el juez García-Castellón, interesándose por conocer si cuando Bárcenas emplea la palabra "empresario" lo hace a propósito e independientemente de la profesión del donante.
"¿Porqué habla de empresario? ¿Y si llega a ser carpintero?", le cuestiona, a lo que el testigo responde: "Diría vino un carpintero y nos hizo entrega de esta cantidad". Según el juez, el interés de esta aclaración estriba en que si Bárcenas da relevancia a la dicha palabra es porque la profesión de quien entrega dinero tiene importancia para la finalidad de donar.
"Es que el altruismo es esas cantidades no existe, lo que no está condicionado a que luego le den algo en concreto, son cosas distintas -explica el extesorero a continuación- Si se quiere adquirir relevancia ante quienes reciben el donativo es evidente, pero desconozco si luego tuvo correspondencia o no", apunta, para añadir que tanto él como Lapuerta consideraban estas entregas como gastos en "relaciones públicas" de las empresas hacia el partido en el Gobierno en la Comunidad de Madrid.
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