Según una sentencia del Supremo la notificación del fiscal de que existe una investigación, pese a no existir querella por delitos contra Hacienda, produce el efecto de "bloqueo automático" de la regularización tributaria. Por otra parte, Unidas Podemos ha vuelto a desmarcarse del PSOE y solictia crea una comisión de investigación sobre el emérito en el Congreso por las tarjetas opacas
El Tribunal Supremo estableció en una sentencia dictada en febrero de 2019 que la notificación del fiscal de que existe una investigación, pese a no existir querella por delitos contra Hacienda, produce el efecto de "bloqueo automático" de la regularización tributaria que se haya presentado de forma voluntaria por el contribuyente para evitar ser condenado.
Lo hizo en una sentencia que afectó a un empresario gallego en relación con el impuesto de sociedades, que regularizó unos días antes de acudir a una citación en la Fiscalía, por lo que ya conocía que estaba siendo investigado.
Esta sentencia, de la que fue ponente el magistrado Antonio del Moral, puede servir de precedente para el caso del rey emérito, a quien la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó formalmente el pasado mes de noviembre la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos.
Otras fuentes del alto tribunal apuntan, sin embargo, que pese a existir esta doctrina en estos casos suele primar la existencia de denuncia o querella que en el caso de Juan Carlos I no se ha producido. La cuestión, en todo caso, debe ser sometida a debate jurídico.
De hecho, la circunstancia de que la defensa de Juan Carlos I haya sido informada, según confirman a Europa Press fuentes del Ministerio Público, será valorada por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la declaración voluntaria hecha pública el pasado miércoles ante la autoridad tributaria, en la que el ex monarca ha abonado un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes ejercicios fiscales tras su abdicación en junio de 2014.
La importancia de esta notificación deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
Que aún no se ha presentado querella está claro, si bien la última parte del artículo, relativa a "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el posible delito fiscal.
UNIDAS PODEMOS PROMUEVE UNA NUEVA COMISION DE INVESTIGACION AL REY EMERITO
Unidas Podemos está impulsando en el Congresio otra solicitud para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, que se han visto confirmadas tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal.
Así lo ha avanzado en redes sociales el secretario primero del Congreso y diputado de la formación, Gerardo Pisarello, al difundir en redes sociales el escrito dirigido a la Mesa del Congreso, de ls que él forma parte.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La formación morada, que comparte l Gobierno con el PSOE, ha tratado de impulsar otras comisiones de investigación en el pasado para tratar de fiscalizar las actividades de la Casa Real, que han sido rechazadas por la Mesa.
Unidas Podemos argumenta que la comisión de investigación se sustenta a raíz de la investigación de la Fiscalía, desde finales de 2019, sobre el uso de tarjetas opacas del rey emérito y de doña Sofía, que "habrían pagado abundantes cuantías de dinero" en gastos propios y de otros miembros de la familia real.
También ha recalcado que el uso de los fondos, presuntamente donados por un empresario mexicano amigo de Juan Carlos I, se produjeron tras su abdicación y se han cursado comisiones rogatorias por parte de la Justicia para localizar el origen de este dinero.
Ante estos indicios de delito fiscal por incrementos de rentas no declarados por Juan Carlos I, la formación ve necesario impulsar la fiscalización parlamentaria de estas presuntas irregularidades y determinar su alcance dentro de la familia real.
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