El club, que milita en Tercera División, inició los trámites judiciales cuando, el pasado mes de julio, desde el Ayuntamiento se ordenó el cambio de cerradura de las instalaciones deportivas.
El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Parla ha citado a declarar el próximo 27 de octubre a los concejales del Ayuntamiento de Pinto Federico Sánchez Pérez y Lidia Rupérez Alonso, responsables de las áreas de Economía y Deportes por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en el intento de desalojo del club Atlético Pinto del estadio municipal 'Amelia del Castillo'.
El club, que milita en Tercera División, inició los trámites judiciales cuando, el pasado mes de julio, desde el Ayuntamiento se ordenó el cambio de cerradura de las instalaciones deportivas.
El contencioso se remonta al pasado junio, cuando la edil socialista Lidia Rupérez amenazó en una reunión a la directiva del club "con sacar a licitación la utilización de las instalaciones del club" y en la que dijo que "no se iban a conceder más espacios para acoger a los diferentes equipos del Club".
La denuncia del Atlético Pinto, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que el Ayuntamiento restringió "la reapertura de las instalaciones" y prohibió la entrada a las dependencias del Estadio, incluso a las oficinas".
Ello, según el escrito judicial, implicó "no sólo la paralización de las actividades organizativas del club, con el consiguiente perjuicio deportivo, que como bien sabe está en las máximas categorías de competición amateur y en una muy trascendente, la sénior, de la que en caso de comprometer su viabilidad y estabilidad habrá de responder el equipo de Gobierno de los daños y perjuicios que conlleven".
"Entendemos que dicha medida es caprichosa y arbitraria, primero porque el desarrollo de las labores de mantenimiento no es incompatible con mantener unas medidas de seguridad, medidas que fueron aportadas por el club al Ayuntamiento para poder ir adquiriendo la 'nueva normalidad'", esgrimen los denunciantes.
Tras ello, según la denuncia, la edil se personó "en el campo en unión de dos policías locales y verbalmente ordenaron a la Directiva desalojarlo", a la que "prohibieron volver a pasar a las instalaciones así como que se regara el césped".
El 8 de julio, la directiva del Atlético Pinto recibió un nuevo email donde se anunciaba la inminente sustitución de las cerraduras de las instalaciones.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal considera que esta actuación "podría ser constitutiva de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, por lo que se interesa que se proceda a incoar diligencias previas".
El Ministerio Público entiende que de estas actuaciones se desprende que el Ayuntamiento pinteño "ha pretendido recuperar (los terrenos) por la vía de hecho, cuando desde el año 1969, parece ser, que ha venido disfrutando de ellos a título gratuito, pacífica y públicamente el Club Atlético de Pinto".
Al tiempo, mantiene que no existe ningún expediente administrativo ni resolución judicial firme que reconozca el derecho del Ayuntamiento a recuperar la posesión de los terrenos.
Por ello, entiende que procede incoar diligencias previas y se tome declaración a Lidia Rupérez Alonso y Federico Sánchez Pérez en calidad de investigados.
Por su parte, el PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de ambos ediles en el Pleno para que "den cuenta de todo este proceso ante el conjunto de los vecinos de Pinto". "Esta comparecencia debería dar respuesta y otorgar luz y taquígrafos a un procedimiento sobre el que nuestra formación alberga notables dudas", ha señalado.
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