La Comunidad de Madrid se ha opuesto a la propuesta del Ministerio de Educación que ha sido respaldada mayoritariamente por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial mantenida este miércoles por videoconferencia, al considerar que puede dar lugar a "la tentación" de un aprobado general por parte de alguna comunidad autónoma.
"En la Conferencia de Educación no se ha hablado en ningún momento de un posible aprobado general, aunque es cierto que el documento del Ministerio va en la mala dirección y alguna Comunidad Autónoma puede tener la tentación de hacerlo", ha indicado la Consejería en un documento sobre las conclusiones de la reunión.
"Madrid siempre ha estado en contra del aprobado general porque creemos en el esfuerzo de los estudiantes, los docentes y las familias. Flaco favor se hace a la educación con un mensaje así", ha recordado el departamento que encabeza Enrique Ossorio.
En concreto, el Gobierno regional ha argumentado que "no se puede compartir la propuesta que, refiriéndose a la promoción en el bachillerato, ESO, FP o las enseñanzas de régimen especial, afirma que las administraciones educativas podrán flexibilizar los criterios de obtención de los diferentes títulos, basándose en la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes", lo que, asegura, "quiere decir, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas".
"Esta propuesta no se puede dejar al albur de cada comunidad autónoma, porque se trata de una competencia estatal, la cual debe ser ejercida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y no dejar al criterio de las CCAA con cuántas asignaturas suspensas se pueden obtener títulos con validez en todo el territorio nacional", defiende la Comunidad de Madrid.
En esa línea, ha subrayado que España cuenta con "un único sistema educativo y la validez de los títulos es para todo el territorio nacional; por ese motivo, los criterios deben ser nacionales y no autonómicos".
Asimismo, ha indicado que el acuerdo propuesto plantea en el apartado "documento de evaluación" que las comunidades indiquen en el mismo la normativa autonómica que flexibiliza las posibilidades de promoción y titulación, para aseverar que "esa normativa autonómica debería estar amparada por la norma básica estatal".
TERCERA EVALUACIÓN CON CARÁCTER DE DIAGNÓSTICO
Por otro lado, la Comunidad de Madrid rechaza que la tercera evaluación tenga "solo carácter diagnóstico", porque, a su juicio, "debe tener carácter académico, aunque dicho proceso de evaluación tenga en cuenta la excepcional situación".
En este punto, el documento del Gobierno regional indica que se ha propuesto por el Ministerio sustituir académico por formativo, para señalar que considera "insuficiente" ese planteamiento.
"Reducir la evaluación a su valor diagnóstico o formativo es devaluar el concepto de evaluación", justifica la Consejería encabezada por Enrique Ossorio.
También señala que se propone en el documento del Ministerio autorizar a las comunidades autónomas a establecer una evaluación "con carácter integrado y no diferenciando" respecto a las materias en bachillerato, lo que para la Comunidad de Madrid "no es acorde con lo que se establece en la norma básica en materia de bachillerato y atenta a la competencia evaluadora de cada profesor en su materia".
"En suma, las competencias de evaluación, promoción y titulación se atribuyen al Ministerio de Educación en la normativa vigente y, por tanto, debería elaborarse una normativa con rango suficiente que habilitara a las comunidades autónomas a ejercer el posterior desarrollo", resume la Consejería de Educación.
El criterio de la Comunidad de Madrid es que a la hora de evaluar se tendrán especialmente en cuenta los dos primeros trimestres, que fueron presenciales, mientras que el tercer trimestre será evaluado de acuerdo a las circunstancias excepcionales.
El Gobierno regional considera que, "por supuesto, que los docentes aplicarán criterios de flexibilidad teniendo en cuenta la situación individual de cada alumno para que no se vean perjudicados por la crisis del Covid-19".
REPETIR SERÁ UNA EXCEPCIÓN
El Gobierno y las comunidades se han reunido este miércoles para tratar de definir el cierre del curso escolar tras la clausura de las aulas por el coronavirus. Entre las decisiones tomadas, se ha propuesto abrir los colegios durante el mes de julio para clases de apoyo o actividades lúdicas, además de la excepcionalidad de la repetición y el suspenso.
El comienzo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación se ha demorado hasta el mediodía porque la ministra Celaá debía asistir antes al Pleno del Congreso de los Diputados para responder a una pregunta del Partido Popular sobre la previsión del Ministerio para reanudar las clases presenciales.
En su respuesta a la diputada del PP Sandra Moneo, Celaá adelantaba su propuesta para reducir al mínimo las repeticiones este curso, "siendo la promoción la regla general y la repetición, la excepción", ha asegurado en el hemiciclo. Un criterio que las comunidades han aceptado.
Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos precisan que no se trata de conceder el aprobado general a todos los escolares. La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha asegurado que ni siquiera se ha planteado esa opción durante la reunión telemática de la Conferencia Sectorial.
En rueda de prensa, la consejera castellanoleonesa ha detallado que las comunidades y el Ministerio de Educación han acordado que los profesores evalúen a sus alumnos en función de los resultados de los dos primeros trimestres del curso, los que se desarrollaron en las aulas antes del Estado de Alarma y que suponen el 65 por ciento de los contenidos anuales. Las evaluaciones contarán con un informe individualizado para cada alumno.
El acuerdo contempla que las tareas que los escolares han realizado en casa durante el confinamiento solo servirán para subir nota. De este modo, el periodo sin clases presenciales no perjudicará a aquellos estudiantes que no han podido seguir la educación a distancia por carecer de recursos en sus hogares.
De este modo, el Gobierno y las comunidades asumen la sugerencia del Consejo Escolar del Estado de convertir la repetición en algo muy excepcional este curso. La semana pasada, el máximo órgano consultivo en educación aprobó un documento con recomendaciones para adaptar el final del curso escolar al confinamiento, y descartó eliminar por completo las repeticiones como había propuesto la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE.
La petición de eliminar o reducir las repeticiones este curso, promovida inicialmente por organizaciones de estudiantes, ha sumado apoyos en las últimas semanas. La ONG Save The Children remitió ayer una carta a la ministra Celaá donde reclamaba un acuerdo con las comunidades autónomas para que la repetición sea este año algo "casi residual, como ya lo es en la mayoría de países europeos".
Save The Children exponía en la misiva que "una parte del alumnado no está siguiendo el ritmo" de la enseñanza a distancia tras la suspensión de las clases presenciales, "y corre el riesgo dedesvincularse de la escuela". La ONG alertaba del coste económico y social que puede provocar esta situación en "el país con la mayor tasa de abandono escolar temprano de Europa".
La carta de Save The Children cuenta con el respaldo de profesores universitarios, expertos en educación y organizaciones como la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA, que defiende no evaluar las tareas escolares realizadas durante el confinamiento.
LOS COLEGIOS PODRAN ABRIR ESTE VERANO
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles que los colegios puedan abrir verano para ofrecer clases de refuerzo voluntarias a los estudiantes con problemas para seguir la educación a distancia durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
En el caso de Cantabria, la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), ha aclarado que, por ahora, es una medida que se está valorando su conveniencia y ha aclarado que es posibilidad que dependerá "de una actuación coordinada de los tres niveles de la Administración: el Estado, que deberá aportar financiación, las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha puntualizado.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha pactado esta medida con los consejeros autonómicos en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, donde también se ha discutido cómo cerrar el curso y examinar a los más de ocho millones de estudiantes no universitarios confinados en sus hogares desde hace un mes.
Según ha informado el Ministerio, Celaá y los consejeros de educación han decidido no prolongar el curso más allá de junio, como estaba previsto, aunque se permitirá que las comunidades autónomas organicen o apoyen la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas". Estas actividades pueden estar promovidas incluso por ONG o asociaciones "contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes".
La propuesta de abrir los colegios en verano para ofrecer clases de apoyo es una petición de organizaciones como Save The Children y la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos CEAPA para que los estudiantes "en situación desfavorecida o con desfase educativo" puedan recuperar materia, pero también para ayudar a la conciliación de las familias "en momentos económicos que se prevén muy duros" cuando finalice el Estado de Alarma.
La mayoría de los sindicatos docentes se habían opuesto en las últimas semanas a la posibilidad de que el curso se prolongase durante verano para dar descanso tanto a profesores como estudiantes y familias. Los sindicatos defienden que la suspensión de las clases presenciales no ha supuesto la interrupción del curso, y los docentes han seguido teletrabajando desde que cerraron los centros escolares.
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