El 12 de abril. Pedro Sánchez tendrá que decidir entre parar definitivamente la economía y seguir con el confinamiento que también ha comenzado a crear problemas psicológicos a centenares de personas, o arriesgarse a que el virus campe a sus anchas con la única defensa de llevar mascarillas y guantes, desinfectando a diario los lugares públicos y dejando en funcionamiento los hospitales de campaña.
El número de infectados real en estos momentos se calcula que puede superar los dos millones de personas en toda España -incluso algunos lo elevan a 10 millones- la mayor parte asintomáticos. Si se sometiera a un test sanitario a toda la población, 45 millones de personas, se podría saber, más o menos, cuántos hay en realidad y se podrán aplicar medidas de confinamiento solo a estas personas, pero nick el gobierno ni la sociedad está preparada para tal control que convertiría a España en una gran cárcel y a los contagiados en unos apestados que todo el mundo evitaría.
La única solución real a la pandemia del coronavirus está en lograr una vacuna cuanto antes pero las pocas evidencias científicas hacen que este remedio no sea seguro. Incluso si algún laboratorio lo consiguiera, España no lo recibiría hasta que las grandes potencias hayan vacunado a sus poblaciones respectivas. Si el gobierno español ha tardado quince días en poder traer al país mascarillas y respiradores, la vacuna sería aún más difícil.
Igual ocurre con los problemas económicos de las familias. Todos los “inventos” que está poniendo en marcha el gobierno de Sánchez no son más que parches en gran parte inutilizarles para una buena parte de los afectados, al estilo de lo que ocurrió con la famosa factura eléctrica para personas que no podían pagar loa luz, al final el propio gobierno reconoció que nadie la pedía porque era muy complicado el papeleo. Créditos y demorar en los pagos de alquileres es una quimera porque el que no puede pagar ahora no lo podrá hacer en los próximos meses. Sin olvidar que muchos de los arrendatarios son personas que viven de estas rentas.
Hubiera sido un buen momento para implantar la renta básica para todos los españoles sin más requisito ni burocracias. Hasta algunos ultraliberales lo han defendido. La creciente automatización de la industria hace cada vez más difícil c conseguir el pleno empleo y que haya una parte dice la sociedad que no pueda conseguir ingresos por ese camino. El capitalismo privado va desapareciendo y surge el capitalismo de Estado que cada vez se va a parecer más a los que eran la monarquías absolutas. En el siglo XIX, por ejemplo, gran parte de los madrileños y madrileñas trabajaban para el Palacio Real. En China, hoy en día, nada se mueve sin el visto bueno del Comité Central del Partido Comunista, lo que ha hecho más fácil, sin duda, las duras medidas de confinamiento a que han sometido al país durante tres meses.
En España ya llevamos bastante camino andado en ese sentido. Hace ya muchos años que los capitalistas privados van desapareciendo bajo la égida del Estado. Mirénse por ejemplo las constructoras que tienen que esperar cada año al reparto de los presupuestos de obras públicas para seguir adelante. O los bancos que en su mayor parte hacen negocio con los fondos y la deuda del Estado.
Esta realidad es la que ha hecho posible que Podemos entrara en el gobierno de Sánchez e incluso que soñara con poner en marcha algunas de sus iniciativas públicas aprovechando el poder omnímodo del Estado. Los ultraliberales ya no pueden defender la iniciativa privada porque cada día ese menor, lo único que plantean es el capitalismo de amiguetes que practicaba por ejemplo Esperanza Aguirre en Madrid, troceando la sanidad pública para dársela a sus amigos o contribuyentes del PP.
Este capitalismo de amiguetes es, si cabe, aún más carroñero que el liberal, ya que su función es coger el dinero público reduciendo lo más posible el coste del servicio, pagando lo mínimo a los trabajadores y recurriendo siempre al Estado cuando sus ingresos disminuyen por cualquier causa,.
Un ejemplo, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno socialista eliminó la publicidad de las cadenas públicas para engordar a las televisiones privadas que han venido ganando miles de millones cada año saltándose incluso los topes de anuncios por hora. Ahora que llevan quince días con una bajada de la publicidad ya han exigido al gobierno que les rebaje los impuestos y que cubra la publicidad que les falta. El chantaje está servido, si no lo hacen cargarán contra el gobierno.
