Ei el sábado 14 de marzo, Pedro Sánchez, convocaba a Pablo Iglesias al Consejo de Ministros que decidió proclamar el Estado de Alarma nacional pesar de que el vicepresidente segundo tenía que estar en cuarentena en su casa por el positivo que había dado su mujer Irene Montero, dos días después prescindía de él y de todos los ministros de Unidas Podemos para aprobar el plan de emergencia económica y laboral.
Con la excusa del coronavirus, Pedro Sánchez había decidido reducir el gabinete de los 20 miembros primitivos a solo seis: la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra portavoz María Jesús Montero (Hacienda) y los cuatro ministros con competencias delegadas por el estado de alarma, Salvador Illa (Sanidad), Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Luis Abalos (Transportes).
Lo normal, si Sánchez hubiera querido mantener la presencia de Podemos, es que hubiera incluido al propio Iglesias o que hubiera aceptado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es la que va a tener que lidiar con los miles de Ertes (expedientes de regulación temporal de empleo), algo tan importante o más que el uso del ejército o la regulación del transporte.
Hasta el punto era visible la postergación de Podemos que Pablo Iglesias protestó consiguiendo a cambio poder dar una rueda de prensa con el ministro de Sanidad para anunciar medidas de protección a las personas más vulnerables y donde planeó directamente la derogación de la monarquía. El líder de Podemos llevará la oordinación de los servicios sociales de toda España.
Hasta ahora ni el presidente socialista ni el propio Iglesias han querido concretar qué cuestiones provocaron más discusiones en el Consejo de Ministros del 14 de marzo, último al que asistieron los de Podemos, lo que ha desatado las especulaciones en internet, especialmente por lo que toca a las posibles nacionalizaciones de las empresas de energía o de la sanidad.
En realidad nada se sabe y en los temas que los ministros de Unidas Podemos podrían haber hecho más hincapié, como la moratoria de hipotecas o el pago del desempleo a todos los trabajadores que tengan que dejar de asistir al puesto de trabajo, o que no haya desahucios por el impago de alquileres, todavía está por ver hasta donde está dispuesto a llegar el Gobierno.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha reconocido que los Ertes se han desbocado en los primeros días del Estado de Alarma, mientras que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sigue sin enterarse de nada de lo que más afecta a los ciudadanos como es el hecho de que todos los bancos hayan subido las comisiones, lo que es una rebaja efectiva del dinero que tienen los ciudadanos ya que en algún caso esas comisiones suponen casi la mitad de lo que les han subido a los pensionistas, por ejemplo.
Más desaparecido, si cabe todavía, es el caso del ministro de Universidades, Manuel Castells, también de Podemos, que según algún medio "no ha vuelto a pronunciar palabra ", máxime como una de las primeras medidas del gobierno ha sido cerrar de hecho los colegios y las universidades.
Es verdad que lo de no decir nio palabra también es una pauta que siguen al piue de la letra otros ministros ligados al PSOE, como Pedro Duque (Ciencia), José Luis Escrivá (Seguridad Social), José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura), Carolina Darias (Política Territorial), Reyes Maroto (Industria y Turismo) o la propia titular de Exteriores, María Aránzazu, que ni siquiera ha intervenido en el cierre de fronteras o en la prohibición anterior a los españoles impuestas por muchos países.
Otros ministros que habían tenido mucha más actividad al comienzo de la nueva legislatura, han pasado casi al anonimato, como Luis Planas con los conflictos con los agricultores, o la vicepresidenta cuarta Teresa Rivera, con el cambio climático. Tampoco parece contar mucho la vice tercera, Nadia Calviño, que parecía que iba a ser una de las estrellas del equipo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien las feministas echaron la culpa de las críticas al borrador de Libertad Sexual de Irene Montero, ha ganado tranquilidad con el receso provocado por el coronavirus, lo mismo la titular de Educación, Isabel Celaá, con el conflicto organizado por Vox con el pin parental
