Las defensas de los `espías´denuncian 'amenazas políticas'

Las defensas de los `espías´denuncian "amenazas políticas"

martes 05 de febrero de 2019, 12:57h
Advierten además que "la organización criminal" que está detrás de este "montaje" sigue "aún muy activa". Acusan a Salvador Victórica y Lucía Figar de utilizar los medios para desacreditar a los acusados

Las defensas en el juicio sobre el presunto espionaje a exaltos cargos del PP de Madrid pagado con dinero público han denunciado hoy en la fase inicial del juicio que sus clientes han sido sometidos a "sobornos", "amenazas de políticos" y a un "linchamiento mediático", advirtiendo de que "la organización criminal" que está detrás de este "montaje" sigue "aún muy activa".

Desde ayer se sientan en el banquillo de los acusados el que fuera director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón; su 'numero dos' en aquella etapa, Miguel Castaño Miguel; el entonces funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.

En las primeras horas del juicio, la letrada de la Administración de Justicia ha hecho lectura de los escritos de acusación y defensa. En su informe previo, leído por la funcionaria, la defensa de Oreja y Pinto ha subrayado que sus clientas han sido objeto de "sobornos" y "amenazas de políticos".

Además, el abogado ha censurado que sus patrocinados hayan sufrido "un linchamiento mediático", acusando a los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y a Lucía Figar de supuestamente "utilizar" a los medios para desacreditar a sus patrocinados.

El PSOE, que ejerce como acción popular, les acusa de un delito de malversación de caudales públicos en concepto de coautores, por el que les pide penas de entre dos y cuatro años de prisión e inhabilitación para cargo público hasta 8 años. Además, reclama que indemnicen 162.153 euros en concepto de la cantidad malversada.

La acusación que representa al Gobierno regional reprocha a los acusados el haber utilizado de manera ilícita los medios públicos que tenían destinados a su trabajo encomendado con razón de sus cargos, situando a Sergio Gamón como la persona que ordenó las tareas de seguimiento y dirigió de "forma determinante esta operación antijurídica". Les solicita multa de hasta 18.000 euros y suspensión de cargo público entre uno y 3 años.

El origen de la causa se sitúa en las supuestas vigilancias que habrían realizado los encausados entre abril y mayo de 2008, coincidiendo con el Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia en junio de 2018. Sus presuntas víctimas fueron el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, el que fuera vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y la exdiputada regional Carmen Rodríguez Flores. Eran "los rivales" de Aguirre, según la acusación socialista.

Las acusaciones sostienen sus penas en los informes policiales sobre los posicionamientos telefónicos, así como los partes manuscritos por presuntamente Pinto en los que quedaron patentes las supuestas tareas de seguimiento.

La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como rivales de Esperanza Aguirre.

SIN ACUSACIÓN FISCAL

Para el fiscal del caso, no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado "intencionadamente" ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y, "consiguientemente, no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid".

Además, señala que se han aportado al procedimiento documentos donde constan "supuestos" partes de seguimiento, que no han sido obtenidos de expedientes administrativos, "sino que han sido aportados al proceso por el periodista, sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó al citado periodista".

También recuerda que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales "lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos".

Por último, agrega que "los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefonica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más
alejadas de su ubicación real".

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