Jueces y fiscales vuelven a colgar la toga con una huelga general, piden independencia y mejoras

Jueces y fiscales celebran este lunes la segunda huelga general en un año para volver a reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Una convocatoria que tiene lugar después de que las asociaciones se reuniesen con la ministra Dolores Delgado y ésta no le ofreciese "nada concreto".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra- y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta. Las reivindicaciones que entonces se llevaron ante el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá son bien conocidas por Delgado, ya que participó en ella.

No obstante, según destacaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con Delgado, ésta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas. Unas "advertencias" que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer este viernes, al considerar que es una técnica que "recuerda épocas ya superadas" y que tiene el objetivo de "amilanar" para evitar la convocatoria.

Entre las reclamaciones, los juecees vuelven a exigir el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales. Por su parte las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria."