El secretario general del PSOE-M, Jose Manuel Franco, ha asegurado este lunes que no mantendrán el Gobierno a "cualquier precio" en Alcalá de Henares si demuestra que los cuatro concejales de Somos Alcalá cometieron algún delito de prevaricación administrativa, aunque confía en la presunción de inocencia.
Así lo ha indicado Franco tras una rueda de prensa en la sede de su partido en Madrid ya que este lunes los ediles declaran ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares desde las 10.45 horas.
"Confío en la presunción de inocencia.. hoy declaraban ante el juez y, en función de lo que pase hoy, el partido decidirá y el alcalde-- Javier Rodríguez Palacios-- y los concejales de Alcalá decidirán qué es lo mejor", ha señalado Franco.
Asimismo, el secretario general del PSOE-M ha reiterado que cree en la presunción de inocencia y la "sensatez". "Aunque les puedo garantizar que no vamos a cambiar la decencia por el Gobierno a cualquier precio si se demuestra que cometieron algún delito o han prevaricado. No vamos a mantener un gobierno a cualquier precio. Antes la decencia que gobernar", ha aseverado.
Por último, Franco también ha alabado la "prudencia y la sensatez" del regidor de Alcalá con un "problema que no es suyo", sino "de Podemos".
LOS CUATRO EDILES DECLARAN ANTE EL JUEZ
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares acogerá este lunes, a partir de las 10.45 horas, la declaración en calidad de investigados de los cuatro concejales de Somos Alcalá acusados de un delito de prevaricación administrativa por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a estos ediles.
Se trata del concejal de Acción Social, Jesús Abad; el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido; la concejala de Transparencia e Innovación Social, Brianda Yañez y la concejala de Participación Ciudadana, Laura Martín.
La fiscal jefe del Área de Alcalá de Henares, María José Parrado, a instancias de una denuncia del Partido Popular de la localidad, presentó una denuncia el pasado 15 de noviembre por una supuesta "manipulación de la convocatoria pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en el área de acción social para el año 2016".
Según recogía, de los 33 proyectos presentados a la convocatoria, las cinco asociaciones subvencionadas que obtuvieron la máxima puntuación "estaban dirigidas por personas vinculadas directamente con cuatro de los seis concejales que formaban parte de la Comisión Evaluadora, pertenecientes al Grupo Municipal Somos Alcalá.
Esto representaba el 45 por ciento de la votación, "sin que los citados concejales se abstuvieran de participar en la votación, tal y como establece el artículo 23-1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", destaca la denuncia de la Fiscalía.
En el auto, fechado a 28 de noviembre, el juez considera que los hechos denunciados por la Fiscalía "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", de ahí que llame a declarar a los cuatro concejales.
El Consejo de Coordinación de Podemos Comunidad de Madrid decidió suspender cautelarmente de militancia a los cuatro ediles y se desvinculó del grupo, aunque no todos ellos pertenecen a la formación morada. "Podemos Comunidad de Madrid entiende que la actuación de estos concejales y la candidatura, son incompatibles con el código ético de Podemos y sus compromisos con la ciudadanía", apostillaron en un comunicado.
EL PP AMPLIA SU DENUNCIA
En un futuro puede que se les una la primera teniente de alcalde, Olga García, ya que el PP va a ampliar su denuncia donde reclamará que ésta también declare como investigada, según adelantó un diaro nacional, y confirmó el portavoz de los populares alcalaínos, Víctor Chacón, a Europa Press.
Chacón, tras declarar el pasado martes ante el juez como testigo, aseguró que los mensajes, que han salido a la luz y en los que basaban su denuncia, demuestran que la primera teniente de alcalde también tenía conocimiento de la supuesta adjudicación fraudulenta de las citadas subvenciones. "Hubo un claro veto ideológico", afirma rotundamente el portavoz.
Además, señaló que los mensajes también apuntan un delito de revelación de secretos, ya que "se hizo llegar información importante de las subvenciones antes de que se publicaran".
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