El 75% de las viviendas de la Cañda podrían ser derribadas

El 75 por ciento de las viviendas situadas en la Cañada Real Galiana no podrían permanecer donde están y, por tanto, serían derribadas, por diferentes afecciones urbanísticas, ambientales y acústicas, según un nuevo borrador sobre el Plan Regional en el que están trabajando las diferentes partes.

El comisionado de la Comunidad de Madrid para la antigua vía pecuaria, José Antonio Martínez de Páramo, ha concretado que se trata de un borrador provisional, que ha sido filtrado a los vecinos, y que ahora se está debatiendo.

Precisamente, llevan trabajando en él todos los grupos políticos desde hace dos meses "para llegar a una solución consensuada también con los vecinos".

Según ha explicado, se encargó a los técnicos regionales y a una empresa externa un estudio sobre posibles afecciones sobre le terreno de viviendas de la Cañada. La conclusión es que sólo un 25 por ciento de las viviendas podrían mantenerse donde están, ya que el resto están afectados por cercanía con cables de alta tensión, gaseoductos, carreteras o cercanía a arroyos, con el riesgo de inundaciones por crecidas.

"Esto ha supuesto paralizar un poco estas reuniones semanales y nos hemos dado un mes más para estudiar estos planos. Hoy hay sido la primera reunión y hemos acordado que en la próxima escuchemos a los vecinos", ha indicado Del Páramo. La reunión ha tenido lugar esta mañana en la Asamblea de Madrid y en ella han participado representantes de todos los grupos de la Asamblea y de los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada.

El comisionado regional ha aclarado, no obstante, que "nadie se va a quedar sin vivienda" y que caben medidas correctoras de informe de afecciones para reducirlas. Sobre todas las acústicas, habida cuenta de que se han realizado sobre mapas estratégicos y no sobre mediciones en el terreno. "Las afecciones actuales sobre una foto fija sobre el peor de los escenarios. A partir de aquí se puede mejorar. Vamos a ver qué terrenos queda libre y qué no", ha dicho.

En el caso de tener que derribar las viviendas por las circunstancias que fuere, el Pacto regional contempla indemnizar a las personas que allí viven sobre el vuelo de la casa y no sobre su suelo, ya que pertenece a la Comunidad de Madrid, ha explicado. Los vecinos con casas afectadas serían realojados en la Cañada o fuera de ella. No se descartan viviendas en altura.

Por último, Martínez Páramo ha destacado que estamos "en un momento histórico" para resolver esta problemática porque el Plan se ha aprobado por unanimidad, "cosa que no había pasado nunca". "Ha habido voluntad política y consenso y estoy convencido que va a seguir adelante. Hoy he salido con el mandato de hacerles caso. Ahora me voy al sector VI y cada poco me reúno con los vecinos", ha concluido.

PROTESTAS DE LOS VECINOS

Mientras se celebraba la reunión, casi un centenar de vecinos de la Cañada Real Galiana han protestado a las puertas de la Asamblea. Ángel García, vecino del sector V, miembro de la Junta directiva de la asociación y arquitecto, ha ejercido de portavoz y ha criticado que la solución que ahora se les está planteando "ha cambiado radicalmente a la prevista" inicialmente. "El borrador de 11 de noviembre cambia radicalmente las reglas de juego", ha resumido.

"En 2011 hubo una ley, en 2014 se firmó un acuerdo marco y luego hubo un decreto de la Asamblea, un primer borrador de Pacto regional, cuyos documentos decían que la solución era legalizar el mayor número de viviendas posibles. Hay viviendas por afecciones insalvables por infraestructuras, y que haya que expropiar en el futuro, además de la excepcionalidad del sector VI por la incineradora y el Parque Regional del Sureste. Pero que de los sectores del I al V estimábamos que se podía legalizar el 80 por ciento de las viviendas", ha dicho.

El arquitecto ha manifestado que muchas de las afectaciones "no tienen ningún sentido", sobre todo las acústicas, mientras que otras solventables. Del ruido, ha apuntado que ellos han tomado mediciones y la media nocturna es de 40 decibelios y no más de 50, como dicen los informe. "El ruido por la noche es de los grillos. Es ridículo", ha añadido.

Por tanto, el portavoz ha concluido que de las 2.700 viviendas sólo se podrán legalizar 300 legalizar y que aproximadamente sólo 180.000 metros cuadrados son aptos para urbanizar. "Y como quieren realojar en la Cañada, quieren hacer viviendas en altura en concepto de alquiler. No estamos de acuerdo con eso y estamos luchando con los técnicos y seguiremos con los procesos de movilizaciones", ha añadido.

Por último, García ha criticado al comisionado regional porque en la reunión de finales de noviembre no les mostró "el lapidario borrador" del Pacto Regional, "y que se supone demoler casi la totalidad de la Cañada, que es lo que quiere el Ayuntamiento de Rivas".

También ha denuncia que la participación de los vecinos es "prácticamente nula". "Sólo nos permiten alegaciones cuando se están produciendo reuniones a todos los niveles y la Ley obliga a que estemos presentes", ha concluido.