CEAR denuncia que hasta la fecha sólo se ha recolocado a 3.000 personas, casi las mismas que han perdido la vida en el Mediterráneo intentado llegar
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que a este ritmo, la Unión Europea va a tardar 43 años en reubicar a los 160.000 refugiados a quienes se comprometió a dar una solución duradera antes de 2017. Hasta la fecha ha recolocado a 3.000 personas, casi tantas como han muerto en el Mediterráneo intentando llegar en lo que va de año.
Con motivo del primer aniversario del acuerdo del Consejo Europeo al respecto, la organización la "pasividad flagrante" de las autoridades para llevar a cabo este proceso, con 3.105 reubicaciones y poco más de 7.200 reasentamientos, "muy lejos de los compromisos alcanzados en julio del año pasado y ampliados en septiembre".
"Resulta doloroso, y casi macabro, que sólo en 2016 hayan muerto cerca de 3.000 personas en el Mediterráneo, una cifra cercana a las que la UE ha conseguido reubicar el pasado septiembre", destaca la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.
La organización ya dijo hace un año que las soluciones pactadas en la UE eran "insuficiente para una realidad que se vio superada cuando al cabo de 2015 eran más de un millón de personas llegadas a la UE. "Hoy decimos que la UE no ha sido capaz ni ha tenido voluntad de poner ese pequeño parche ante un drama humanitario que afecta a millones de personas", lamentó Galán.
A pesar de los tímidos avances en ambos procesos en los últimos meses, CEAR reprocha a los líderes europeos que "siguen tomando decisiones más preocupados en impedir la llegada de solicitantes de asilo que en ofrecerles un lugar de acogida digna".
Ante esta situación, CEAR reclama al Gobierno español que impulse que la UE asuma la responsabilidad y ponga los medios necesarios para agilizar estos procesos en su origen, así como aborde las causas de los desplazamientos forzados y "no recurra al chantaje de la cooperación con países vecinos condicionada al control de fronteras".
Por último, desde CEAR apuntan que los últimos acontecimientos en Turquía suponen una muestra más de que éste no es un país seguro y no ofrece "mínimas garantías de acogida" para los refugiados que sean expulsados desde Grecia.
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