Según un informe de la Cámara de Cuentas, la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".
El Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, cuando estaba gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las "instrucciones internas de contratación".
Así consta en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes, al que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito, adelantado por 'eldiario.es', destaca que la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".
También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.
En este punto añaden que no sólo se incumple la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos", recoge la Cámara en su informe.
1.860 VIVIENDAS AFECTADAS
En concreto, las promociones vendidas componen un total de 1.860 viviendas vendidas a dos entidades jurídicas del mismo grupo societario, Fidere Gestión y Fidere Vivienda, en régimen de arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra, más los correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5,315 inmuebles).
Esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".
La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.
A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados".
La Cámara de Cuentas concluye que la EMVS lanzó el anuncio de venta desconociendo el valor objetivo del mercado de los inmuebles, renunciando a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologadas.
"Solo tiene como referencia una estimación por aproximación al total de los bienes, que carece de condición de informe técnico de valoración, hecha por PwC, que no solo carece de validez de tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar (...) sino que además se revelará, en la fase de negociación, posterior con la que resultaría la adjudicataria, como asesora de esta última", destaca el informe.
VULNERACION "DE LAS MAS ELEMENTALES REGALS DE LA BUENA GESTION"
En consecuencia, ve un incumplimiento de las instrucciones internas de contratación respecto a la obligación de fijar "el precio objetivo y cierto" del bien a enajenar, además de "vulnerar las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos".
Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.
La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento en contra de lo que marca la normativa.
Además, recrimina a la EMVS que no se haya establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control "para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad".
EL AYUNTAMIENTO DISPUESTO A IR A LOS TRIBUNALES
La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y directora de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras, ha adelantado este miércoles que "de confirmarse las irregularidades" del informe provisional de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la venta de 1.800 viviendas de la empresa pública a un fondo de inversión en época de Ana Botella como alcaldesa, el Ayuntamiento lo llevará a los tribunales, aunque no sabe por qué vía.
"Puede llegar a ser un procedimiento judicial larguísimo, y no se produciría antes de ocho o diez años la reversión de la operación", ha asegurado Higueras, en declaraciones a los medios en el Palacio de Cibeles. Además, la directora de la EMVS ha señalado que la actual corporación municipal "trata de ver resquicios para revertir la operación".
Por otro lado, Higueras ha recordado que por la venta de estas viviendas, que ha calificado de "censurable", cerca de 1.800 familias están en riesgo de desahucio. En este sentido, Higueras ha criticado que en la última Comisión de Equidad el Partido Popular le preguntó sobre las viviendas "pero no sobre las familias".
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