La Transición modélica... en tapar la corrupción

En México es muy común y tradicionalmente aceptado que los presidentes “reinasen” durante seis años y que al acabar sus respectivos mandatos fueran objeto de acusaciones de toda índole -desde enriquecimiento, a amaños electorales, pasando incluso por problemas con la justicia- por todos los tejemanejes que habían realizado en su sexenio. Le ocurrió a Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo... Gobernaban como auténticos faraones mayas, se enriquecían y solo al final de sus mandatos se “descubrían” los horrores bajo las alfombras. En la Transición española, en cambio, los cambios de Gobierno eran “modélicos”, en los traspasos de poder los nuevos garantizaban a sus antecesores que no habría ajustes de cuentas y eso se mantuvo así por lo menos hasta la llegada de José María Aznar a la dirección del PP. El primer escándalo conocido de la Transición, la guerra sucia de los Gal contra ETA, tardó años en salir a la luz, entre otras cosas, porque Fraga se negaba a criticar a Felipe González por algo en lo que estaba de acuerdo en la intimidad.

Aznar que, con la ayuda de Pedro J. Ramírez, puso en marcha el ventilador contra Felipe González durante sus campañas electorales de 1993 y 1996, se negó, sin embargo, a levantar las alfombras nada más entrar en la Moncloa. Y por eso Felipe González se libró de ser condenado como la “X” de los Gal, que le había adjudicado ya el juez Baltasar Garzón. En las campañas electorales vale todo, pero la regla de tapar las obscenidades del antecesor sigue vigente.

Lo mismo ocurrió cuando Zapatero ganó las elecciones y tapó todo lo relativo a los escándalos de Aznar en 2004, lo que libró a éste de dar explicaciones a la justicia de su apoyo a la guerra contra Irak y sobre todo sus relaciones con los tesoreros del PP, mucho más estrechas y directas que las del propio Rajoy que ahora se resiste a dejar la Moncloa y su puesto en el PP precisamente para no ser procesado por el “caso Bárcenas”, lo mismo que la ocurre a esperanza Aguirre, a quien ningún juez se ha atrevido a relacionar con los “casos Gurtel” o el espionaje a miembros de su partido, con fondos públicos, precisamente porque es una política en activo y eso paraliza a cualquier magistrado tras el castigo aplicado a Baltasar Garzón.