La gerente del PP ante el juez el 9F por el despido de Bárcenas

El juez de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha citado a declarar el próximo 9 de febrero en calidad de investigados - figura que sustituye a la de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y al asesor jurídico del partido, Alberto Núñez, para aclarar si la formación tuvo o no conocimiento de que el extesorero Luis Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.

El magistrado acordó ambas citaciones tras tomar declaración también como investigada el pasado 22 de diciembre a Puentes, a la que Bárcenas acusa de mentir ante notario sobre el proceso de su despido. La trabajadora del PP compareció por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal.

Puentes negó en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 y en la que Bárcenas solicitaba el reingreso en el partido. No obstante, una pericial caligráfica, ordenada por el juez, desmintió su versión y apuntó a que la letra que figura en el documento es suya.

Con los interrogatorios del día 9, el juez Zamarriego pretende aclarar lo que realmente ocurrió puesto que tanto Navarro como Núñez fueron quienes acompañaron a Milagros Puente al notario donde efectuó esta declaración presuntamente falsa.

DESPIDO IMPROCEDENTE

En su denuncia, el extesorero aseguraba que la encargada de recursos humanos del PP no dijo la verdad sobre este documento 'clave' que apoyaría su tesis de que la formación le despidió de forma improcedente.

El documento no fue tenido en cuenta en el juicio celebrado este despido, considerado irregular por Bárcenas, y por el que reclamaba una indemnización de 900.000 euros. La juez consideró que el extesorero no había pedido formalmente su reingreso en el partido, después de abandonar el Senado, y rechazó sus peticiones.

Bárcenas ostentó el cargo de extesorero hasta marzo de 2010 y defiende que continuó trabajando para la formación hasta enero de 2013. Durante ese periodo cobró del PP más de 700.000 euros que, según su versión, corresponden al pago de nóminas y, según la de los 'populares', a la indemnización pactada tras su salida de la formación, que se le abonó 'en diferido'.