La Fiscalía pide 23 años y 6 meses de cárcel para el `Sheriff de Coslada´

Las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid solicitan para el ex jefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez Buendía, 23 años y 6 meses de prisión así como una multa de 100.000 euros por los delitos de extorsiones, amenazas, cohecho continuado, depósito y tenencia y blanqueo de capitales.

El juez de Instrucción número 21 de Madrid investigaba desde diciembre de 2007 una trama de prostitución de origen rumano a raíz de las denuncias de varias prostitutas que ofrecían sus servicios en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.

Las pesquisas seguidas por el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial revelaron que varios agentes de la Policía local de Coslada extorsionaban a estas prostitutas. Al mismo tiempo, varios empresarios de esta localidad denunciaron el acoso que sufrían por parte del jefe del Cuerpo, Ginés Jiménez Buendía.

La Policía Nacional puso en marcha el 'Caso Bloque', por el que fueron detenidos veinticinco agentes de la Policía Municipal y el jefe de la misma, Jiménez Buendía, por su presunta implicación en la citada red mafiosa.

Tal y como señalan las diligencias previas del Ministerio Fiscal, Jiménez Buendía "aprovechaba su cargo de agente de autoridad" para "vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio".

En el escrito de la Fiscalía también se afirma que el ex jefe de la Policía Local de Coslada "de manera abusiva y arbitraria" quería controlar "por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico" la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares.

Por ello, la Fiscalía solicita para Jiménez Buendía las penas de tres años y cinco meses de prisión por extorsiones; cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de amenazas; seis años por un delito de cohecho continuado y multa de 30.000 euros; por el delito de depósito y tenencia ilícita de armas, tres años y cinco meses y por blanqueo de capitales, se solicita la pena de prisión de 6 años y una multa de 100.000 euros.

Por otra parte, en las diligencias previas se establece que el acusado C. Avramescu, de origen rumano, "había desarrollado el control de la prostitución en Vicálvaro y la explotación" de las mujeres que se prostituían en dicho entorno. También ejercía el control de la prostitución el acusado --de origen rumano-- Francisc G.

Ambos acusados --siempre según el informe provisional de la Fiscalía-- solicitaban a las meretrices "una cantidad económica de manera semanal, de entre 300 y 600 euros, mediante amenazas como requisito previo para poder desarrollar la prostitución". Además, obligaban a las mujeres a acudir al polígono "hasta 15 días seguidos y a mantener una dieta alimenticia más que precaria".

El Ministerio Fiscal solicita también la pena de dos años y ocho meses de prisión para el policía local de Coslada Carlos M. G. por los delitos de cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, ya que según las conclusiones provisionales "durante el año 2008 acudió en diversas ocasiones al Polígono Industrial de Vicálvaro y portando uniforme" para que las prostitutas supieran que era Policía Local. Cuando hablaba con ellas "se jactaba de su amistad con el acusado Catalin A".

Del mismo modo, la Fiscalía pide la pena de multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por un delito de cohecho para otros seis policías locales implicados.