El ministro de Justicia dice que si se confirma que el juez difundió en Twitter el auto antes de entregárselo a las partes podría enfrentarse a un análisis del CGPJ y, en su caso a medidas disciplinarias
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz podría enfrentarse a un análisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en su caso, a medidas disciplinarias, si se confirma que difundió en Twitter su auto sobre el 'caso Zapata' antes de entregárselo a las partes.
Pedraz decidió este miércoles, por segunda, vez archivar el caso contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, abierto a raíz de una denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y el presidente de ésta, Daniel Portero, denunció que el magistrado difundió el auto a través de Twitter antes de entregárselo a las partes.
Catalá ha replicado que, si fue así, "ese no es el procedimiento normal de funcionamiento" y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo estudiará y en su caso aplicará medidas disciplinarias.
De hecho, ha opinado que "no es razonable que un juez suba a Twitter sus autos", sino que la comunicación con los ciudadanos corresponde a los tribunales como instituciones a través de sus respectivas oficinas de prensa.
En todo caso, el ministro ha dicho que le produce "cierta sorpresa" cuando "se antepone la libertad de expresión a la protección a las víctimas" del terrorismo o de delitos, y ha recordado que el 'caso Zapata' es recurrible tanto por la Fiscalía como por la parte denunciante.
Catalá se ha expresado así, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado por el archivo de la querella contra Zapata por ofensas a las víctimas del terrorismo al reproducir hace cuatro años en Twitter dos chistes sobre Irene Villa y el Holocausto.
"Tanto la Fiscalía como las partes pueden impugnar esa decisión e intentar conseguir un análisis en que se valoren más los derechos de las víctimas que la libertad de expresión", ha dicho Catalá, a pesar de que fuentes de la Fiscalía avanzaron el jueves que el Ministerio Público no recurriría el archivo al considerar que el edil no tuvo "intención de humillar a las víctimas".
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