Estafa de 300.000 €: Sin empleo y sueldo un técnico de laboratorio

Santiago M.R., uno de los técnicos de laboratorio acusados de estafar 300.000 euros a la Comunidad, ha aceptado este lunes la suspensión de empleo y sueldo tras reconocer su implicación en parte de la trama liderada por el jefe de laboratorio de un centro de salud de la región que empleaba sus medios para análisis clínicos de muestras de su propia empresa.

"Yo hacía lo que me mandaba", ha aseverado el acusado, de 60 años, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, insistiendo en que desconocía las ilegalidades que se estaban produciendo en el laboratorio del centro de salud regional.

Además, se ha quejado del calvario que ha sufrido desde que hace quince años se le implicara en este caso de estafa. Desde entonces, ha habido varios procesos penales, civiles y una investigación por parte del Tribunal de Cuentas.

El juicio que se iba a celebrar esta mañana finalmente no se ha celebrado, dado que su abogado defensor ha llegado a un acuerdo de conformidad con el representante de la Fiscalía de Madrid. Tras ello, Santiago ha aceptado la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses y medio, una medida que le causará un grave perjuicio económico.

La pena que pedía la Fiscalía era en un principio de tres años de cárcel pero se ha rebajado de forma considerable al colaborar con la Justicia y la Administración en el esclarecimiento de los hechos investigados.

El juicio contra los tres implicados en el caso ya se celebró hace unos años, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el fallo respecto a Santiago al impugnar la valoración que hizo el Jurado Popular de los hechos declarados probados.

Del anterior juicio, María Teresa S. C. salió absuelta y Miguel Ángel A. G. condenado a más de un año de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, en 1989 se constituyó la entidad Labipath S.A., participada por la esposa del acusado Miguel Ángel A. y cuyo objeto social era toda actividad relacionada con el campo del diagnóstico y terapéutica clínica y veterinaria.

Pese a no existir en un principio un nombramiento expreso, Miguel Ángel se encargaba de la dirección y gestión de la referida entidad, en la cual también se incorporaron con posterioridad como trabajadores los otros dos acusados.

Simultáneamente, Miguel Ángel era el responsable del laboratorio del Centro de Salud 'Hermanos Miralles', dependiente del Instituto Madrileño de la Salud de la Comunidad de Madrid, centro en el que también trabajaban Santiago, en calidad de técnico especialista en laboratorio y María Teresa, como facultativa especialista de área de análisis clínicos.

USO ILEGAL DE MEDIOS

Desde la creación de Labipath hasta abril de 2.000, el acusado Miguel Ángel A., aprovechándose de que en el laboratorio del Centro de Salud público se realizaba una actividad similar a la desarrollada en su entidad privada, y puesto que por razón del cargo que desempeñaba tenía pleno poder de disposición sobre los medios materiales, con la clara finalidad de abaratar los costes realizados en sus empresa y obtener así un beneficio económico, realizaba análisis clínicos de muestras de Labipath, empelando instrumental, reactivos y personal del laboratorio del Centro de Salud público.

El uso fraudulento de esos reactivos afectaba a las pruebas que debían realizarse en el centro público de modo que muchas de ellas debieron retrasarse, con el menoscabo para los usuarios de la sanidad pública del centro. Los tres acusados trasladaban después sus análisis a su empresa privada y, en ocasiones, se llevaban directamente los reactivos del centro de Salud.

Los perjuicios económicos ocasionados a la Comunicad de Madrid debido a la actividad que desarrollaron los tres acusados solo han podido ser cuantificados respecto a los años 1998 y 1999, habiéndose estimado en 345.936,47 euros.