Violencia de género: Se podrá solitar el RMI sin llevar un año en Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado un nuevo reglamento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que tiene entre sus novedades que las mujeres víctimas de violencia de género que resida fuera de la región y tenga que trasladar su residencia aquí podrá solicitar la prestación y no se le requerirá la residencia mínima de un año.

El Consejo de Gobierno aprobó el nuevo reglamento para introducir estas mejoras en el reglamento de la RMI de cara a proteger a los más desfavorecidos, según señaló el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Además, hasta ahora, la RMI sólo podían solicitarla las personas con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, aunque con algunas excepciones como ser menor de 25 o mayor de 65 años y tener a su cargo menores o personas con discapacidad. "Con el nuevo reglamento, las personas que hayan sufrido violencia familiar y tengan entre 18 y 25 años, tendrán la posibilidad de ser reconocidas para recibir la prestación de la RMI", ha asegurado el consejero.

También se permitirá que los menores tutelados por la Comunidad de Madrid puedan solicitar la prestación antes de cumplir la mayoría de edad, garantizando así tenerla reconocida cuando tengan 18 años, lo que permitirá que dispongan de recursos económicos cuando alcancen la mayoría de edad.

Entre las nuevas medidas, también se protege a personas que están solas, en situación de exclusión social o personas que sufran algún tipo de adicción o dependencia, siempre que se acredite un proceso de intervención con su trabajador social. "Con esta iniciativa se dignifica a las personas más desprotegidas que carecen de recursos económicos garantizando su prestación. Hay que destacar que Madrid es una de las pocas comunidades autónomas en España que garantiza la percepción de manera indefinida a las familias que acrediten los requisitos establecidos en la RMI", ha afirmado Victoria.

CIEN MILLONES DE EUROS

La Comunidad de Madrid ha destinado este año cerca de 100 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción (RMI). Esta inversión ha servido para ayudar a más de 22.000 familias madrileñas que están en riesgo de exclusión social. Además, desde la entrada en vigor de la RMI en 2002, el 50 por ciento de los perceptores han dejado de recibirla al mejorar su situación laboral, gracias a los proyectos de inserción socio-laboral puestos en marcha por el Gobierno regional. De hecho, este año ha descendido un 15 por ciento el número de solicitantes de la RMI.

La Renta Mínima de Inserción se concede a toda persona que se encuentra sin ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 15/2001 de RMI de la Comunidad, como: carecer de ingresos económicos, tener un patrimonio inferior a los 22.533 euros en el caso de una persona sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de 12 meses.

Victoria ha destacado que, a diferencia de otras regiones como Andalucía, la Comunidad de Madrid es una de las pocas administraciones autonómicas que garantiza, a las personas que acreditan cumplir con los requisitos, el carácter indefinido de la percepción de la RMI mientras se encuentren en una situación desfavorecida.

La cuantía de la RMI se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 375,55 euros para una sola persona, hasta un tope de 532,51 euros para familias de tres o más miembros. Desde que la Comunidad de Madrid creó este recurso en 2002, han percibido esta prestación más de 44.800 familias.

PROTECCIÓN A SITUACIONES DE ABANDONO

El nuevo reglamento también quiere proteger a las familias que sufran desprotección por abandono o defunción u otras causas. La titularidad de la prestación podrá traspasarse a la persona que quede como cabeza de familia. Además, estos cambios pretenden facilitar la movilidad de las familias con los servicios sociales, se simplificarán los trámites administrativos y se flexibilizarán los procedimientos con el fin de agilizar la percepción de la renta por parte de los beneficiarios.

Las nuevas medidas también introducen una novedad importante, como la coordinación con los servicios de empleo para que las personas titulares que puedan trabajar sean derivadas desde los servicios sociales municipales a las oficinas de empleo, donde se realizará un itinerario individualizado de inserción laboral que permita a las personas disponer de un trabajo.

CENTROS DE ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Gobierno también autorizó un gasto de 652.000 euros para las prórrogas en 2015 de dos contratos para la gestión del Centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual (Cimascam) y un centro para víctimas de violencia de género.

El Cimascam, que atendió en 2013 a 756 mujeres, cuenta con servicios de información y orientación, atención psicológica, social y jurídica, asistencia por un letrado, servicios de procuraduría y actuaciones de sensibilización y prevención.

En el caso del centro de víctimas de violencia de género, se trata del centro de atención MIRA. Este recurso dispone de atención psicosocial y terapias individuales y grupales tanto para las mujeres como para sus hijos y personas dependientes de ellas. Asimismo, realizan iniciativas de formación y sensibilización. El año pasado, 171 mujeres y 156 menores fueron atendidos a través de este programa.

CENTROS DE DÍA PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS

En el ámbito de la atención a la discapacidad, el Consejo de Gobierno aprobó 578.500 euros para la continuidad --en el primer semestre de 2015-- de dos centros de día para personas con discapacidad física gravemente afectadas.

Uno de los centros se especializa en las personas afectadas de parálisis cerebral y el otro recurso está dirigido tanto a usuarios afectados por la parálisis cerebral como a los afectados por otras enfermedades que determinan una situación de dependencia en la que precisan ayuda de una tercera persona para realizar las actividades más básicas de la vida diaria.

Por otro lado, la Comunidad ha aprobado una inversión de 7,5 millones de euros para el mantenimiento de las 50 plazas para la residencia infantil de Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama.

Este centro, que atiende a adolescentes que presentan trastornos de conducta y del comportamiento, es de carácter terapéutico y requiere un tipo específico de atención, lo que implica una intervención multidisciplinar, con una intervención a nivel clínico, educativo y socio-familiar, para que los menores alcancen un desarrollo integral como personas.