; El Juzgado Contencioso Administrativo número 33 de Madrid decidirá sobre un recurso presentado por UGT sobre la resolución específica que regula la convocatoria de personal interino de 2013, al entender que existen situaciones que lesionan derechos de los docentes con más experiencia o sobre los profesionales con minusvalía.
; ; Este lunes ha tenido lugar un juicio para abordar dicho recurso y en el que, tras conocer los alegatos de la Comunidad, los sindicatos y la defensa de una representación de un grupo de docentes afectados, el juzgado abre el proceso para dictaminar su postura sobre el mismo.
; ; Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han defendido la legalidad del desarrollo normativo y han trasladado al tribunal que lo adecuado sería "agrupar" esta causa con otro pleito también presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según han apuntado fuentes jurídicas.
; ; El recurso analizado no se refiere al decreto sino a su norma de desarrollo, pues el TSJM ya refrendó la validez del decreto 42/2013 del Gobierno regional por el que se regula el procedimiento de selección de interinos docentes y en el que se primaba la nota obtenida en la oposición sobre la experiencia.
; ; En declaraciones a los medios, la coordinadora de Interinos de la federación de Enseñanza de UGT, Emilia Sánchez, ha remarcado que el sindicato estima que el decreto afecta a cerca de 20.000 docentes y, además, el desarrollo afecta a unos 2.000 maestros con experiencia de 15 ó 20 años con titulación anterior a la ESO y que, según alega, la Comunidad no reconoce su certificación para atender las nuevas especialidades.
; ; Sánchez ha detallado que estos maestros realizaron cursos de adaptación en universidades públicas para certificar su adaptación a la nueva legislación pero que la Comunidad no reconoce dicho certificado, que sí está habilitado por el Ministerio de Educación, tal y como ha insistido.
; ; En este sentido, el letrado que representa a unos 35 maestros afectados pro esta situación Juan Lobato, ha detallado que estas personas tuvieron que sacarse una certificación en un centro privado con un coste de 6.000 a 8.000 euros y que estuvieron un año sin trabajar, cuando existe un dictamen de la Abogacía del Estado que sí reconoce la homologación compulsada por universidades como la UNED.
; ; No obstante, y según recalcan fuentes jurídicos, la jueza titular del Juzgado ha explicado a las partes que esta cuestión no será abordada en la resolución que se emita, dado que no se ha incluido en el anexo del recurso presentado. En este sentido, Lobato recalca que este punto se decidirá en un juicio que tendrá lugar en otro juzgado de la contencioso sobre el mes de mayo.
; ; El letrado ha recalcado que esta situación deviene de una norma de desarrollo "arbitraria" y que genera un "despropósito" como no incluir ese año en la docencia a profesores con más de 20 años de experiencia. La defensa del sindicato también ha aludido en su recurso a la situación que supone no pagar complementos retributivos al personal con más experiencia y a la dificultad de acceso a profesores que presentan algún tipo de discapacidad.
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