60 millones de indemnización a los propietarios de El Tagarral

La Comunidad de Madrid va a pagar los 60 millones de euros, en concepto de indemnización, a los propietarios de la finca El Tagarral de Tres Cantos, tal y como recoge una sentencia del año 2003, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio.

De esta forma, se pone fin a un problema que ha tenido 'en jaque' al Gobierno regional y a los ayuntamientos de Tres Cantos y de Colmenar Viejo. Las mismas fuentes han precisado que esperan mantener una reunión próximamente con los dos ayuntamientos.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del año 2003 obligaba a las tres administraciones implicadas (Comunidad, Ayuntamiento de Tres Cantos y Ayuntamiento de Colmenar) a pagar solidariamente 60 millones de euros en concepto de indemnización a los propietarios de esa finca tricantina, a los que se les impidió construir por cambios en el PGOU de Colmenar de 1987, que los calificó de no urbanizables y uso agrícola. Estos terrenos, hoy de Tres Cantos, pertenecían a Colmenar antes de que Tres Cantos fuera municipio independiente.

En este tiempo, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos y los grupos de la oposición crearon una plataforma para pedir a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo que se hicieran cargo de pagar esa cuantía, con el fin de evitar que lo hiciera el de Tres Cantos, ya que, a su juicio, no tenía nada que ver a pesar de que los terrenos ahora estuvieran en la población.

"Hubo un intento extraño y fuera de ley de llegar a un apaño con los litigantes, permitiendo que construyesen en una zona de gran valor ambiental, a cambio de no percibir la indemnización fijada. De hecho el Ayuntamiento, haciendo un claro favor a las constructora y en detrimento de la calidad de vida de los vecinos y del medioambiente, propuso a la Comunidad de Madrid su reclasificación como urbanizables", han manifestado desde la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Sin embargo, presentaron un estudio legal y ambiental "que dejaba en evidencia las maniobras del Ayuntamiento".

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha manifestado que se trata de "una deuda histórica generada hace 27 años por la decisión de los gobiernos socialistas de entonces de recalificar unos terrenos de urbanizables a no urbanizables" y que ha llegado a nuestros días "convertida en un grave problema" que pendía sobre ellos como "una espada de Damocles".

"El hecho de que la Comunidad de Madrid haya asumido ese pago es una magnífica noticia porque evitará a los colmenareños tener que pagar los platos rotos de un caso que creó el PSOE y que podría haber hecho mucho daño a las arcas municipales", ha destacado Santamaría.

DESDE 1987

El caso de 'El Tagarral' se remonta a 1987. Ese año, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo entonces gobernado por el PSOE (Tres Cantos no existía aún como municipio independiente) aprueba su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y establece en él recalificar como suelo no urbanizable de protección para usos agrícolas y de protección ecológica la finca de 'El Tagarral', hasta ese momento suelo urbanizable.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada también por el PSOE, ratificó ese PGOU. Los propietarios de los terrenos, viendo dañados sus derechos para construir por esa decisión del Consistorio, llevaron el caso a los tribunales. Éstos siempre les dieron la razón.

Tras un largo proceso legal, en 1992 el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Tres Cantos (municipio independiente desde 1991) y al de Colmenar Viejo a indemnizar a los propietarios. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fijó esa indemnización en 42,4 millones de euros. La sentencia se convirtió en firme en 2007 y la cuantía, que ha ido sumando elevados intereses a medida que ha pasado el tiempo, superaba actualmente los 63 millones de euros.

La comunicación más reciente del TSJM, de hace aproximadamente dos años, conminaba a la ejecución forzosa de la sentencia y de no ejecutarse procedería al embargo de bienes patrimoniales de las administraciones implicadas en el caso y a la imposición de sanciones personales a los responsables de ejecutar la sentencia. "Desde entonces no hemos dejado de trabajar para lograr encontrar, entre todas las partes, la mejor solución al problema", ha dicho Santamaría.

"La decisión de la Comunidad de Madrid de hacerse cargo del pago de la deuda es muy loable porque, por fin, se corta de raíz un problema que cada día que pasaba se hacía más grande y que podía habernos sumido en una situación económica muy difícil de superar, un problema que el PSOE creó y dejó en herencia a todos los colmenareños, un ejemplo más de la política que hacen los socialistas", ha finalizado el regidor.