Ayuntamiento: No al acuerdo sobre la Cañada por carecer de planes sociales

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mantiene paralizada desde hace meses la firma del acuerdo marco social de la Cañada Real Galiana, clave para iniciar los trabajos sobre el terreno, porque "no quiere consolidar zonas de exclusión" y, a su juicio, el plan "carece de recursos sociales y económicos extraordinarios" para solucionar la problemática que sufre el lugar.

En declaraciones a Europa Press, el concejal de Urbanismo de Rivas, Fausto Fernández, ha afirmado que tienen "una visión sustancialmente distinta" al objetivo urbanismo del acuerdo marco, que es "consolidar el mayor número de viviendas posibles de las ya instaladas" en la vía pecuaria.

"Apostamos por una verdadera integración urbanística y social. Es decir, se tendría que ver qué viviendas puedan hacer ciudad, con una serie de estructuras, servicios y saneamientos, y una calle con sus dos carriles; no consolidar lo que hay ahora y ya está", ha indicado.

En este sentido, Fernández ha aseverado que si no se modifican las condiciones "puede convertirse en una zona de exclusión social". "En nuestra zona viven 1.132 personas, 900 de ellos magrebíes y 150 gitanos, a no le podemos cambiar la vivienda horizontal por el chabolismo vertical. Experiencias hay de que eso ha sido un fracaso donde se ha hecho. No podemos apostar por el conflicto social", ha esgrimido.

El edil ripense también ha apuntado que la Ley de la Cañada sólo opera sobre la estrecha franja que corresponde a la vía pecuaria, y no sobre las construcciones de los márgenes. "Hay algunos que tendrán que derecho a quedarse y otros irse en la propia vía, y para eso se ha generado un consorcio. Pero el asentamiento en su globalidad, de 8.000 personas, están en la Cañada y en los dos márgenes", ha recordado.

Por eso, Fernández entiende "que hay que levantar el asentamiento entero, esté dentro o fuera de la vía y ese consorcio debe ser quien tome las decisiones para reubicar a las familias que no puedan hacerlo por sus propios medios, garantizado que tengan una vivienda digna".

Por último, en el apartado social, el concejal de Urbanismo de Rivas ha criticado que el plan de intervención social "no es un plan, sino un listado de las ayudas de los recursos sociales que ya tienen todos los ciudadanos, en función de su situación socioeconómica". "No hay ni una sola aportación ni recurso social novedoso para poder intervenir socialmente a parte de los que ya existen. Hemos visto por experiencias en otros sitios que debe haber una actuación social con recursos extraordinarios", ha explicado.

En conclusión, Fausto Fernández ha asegurado que en estas condiciones no firmarán el acuerdo porque "hacerlo será cómodo, pero un fraude para los que viven allí". No obstante, no se ha cerrado a nuevas negociaciones, aunque reconoce que no han mantenido encuentros presenciales con la Consejería de Asuntos Sociales sobre este tema desde septiembre.

EL ACUERDO MARCO

En el acuerdo marco social sobre la Cañada Real Galiana, al que ha tenido acceso Europa Press, están implicados la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Madrid y Coslada. Todas las partes estarían próximas al acuerdo, según fuentes regionales, salgo el Consistorio ripense.

Aunque el Gobierno regional sigue apostando por el diálogo, podría poner en marcha el plan de actuación sin la aquiescencia de los tres municipios afectados, ya que se han agotado los dos años que fijaba la Ley de la Cañada Real Galiana, aprobada en marzo de 2011, para llegar a un acuerdo entre las partes. Pasado ese plazo la Comunidad asume la titularidad plena del terreno y la competencia para resolver el problema.

En el apartado de seguridad todos los implicados están de acuerdo y tiene el objetivo general de establecer instrumentos, canales de comunicación y estrategias de actuación conjunta para prevenir la delincuencia, el tráfico de drogas y el estigma de la marginalidad, que sobre todo opera en el sector VI.

EL ESCOLLO, EN URBANISMO Y VIVIENDA

En materia urbanística, el objetivo es "consolidar el mayor número de residentes y viviendas, donde resulte compatible el uso residencial, integrando urbanísticamente las distintas zonas de la Cañada en aras a la normalización urbanística y social" con un modelo similar para todos los sectores.

Sólo tendrán derecho aquellas personas que estén en los censos que realizaron los Ayuntamientos. No obstante, dichos censos tendrán que someterse a exposición pública una vez aprobado el presente acuerdo marco social.

Además, "sería deseable que en los centros interviniera el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), junto con el resto de administraciones afectados descartóndose aquellos residentes que hayan estado sometidos a otros proceso de intervención pública de viviendas".

De hecho, el sector VI, dado su complejidad, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, "llevará un proceso diferenciado y más prolongo en el tiempo, en el que se actuará con aquellos mecanismos establecidos por el IRIS en el marco de la vivienda". El objetivo es establecer un parque tecnológico, empresarial e industrial.

El acuerdo también fija la creación de un Consorcio, "antes de 2014", con todas las competencias necesarias para acometer la actuación en su conjunto, desde el proceso de urbanización hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona. El Consorcio será el beneficiario de los derechos económicos que se generen en el desarrollo urbanístico.

El modelo urbanístico se desarrollará "preferentemente con viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas y con calles de coexistencias, donde se mantengan las alienaciones en la medida de lo posible".

En el apartado de Vivienda, el objetivo es "buscar el acceso a la propiedad del mayor número de residentes de la Cañada Real, integrando urbanísticamente las zonas cuyas circunstancias lo permitan, en aras a la normalización de aquellas situaciones que social y urbanísticamente lo aconsejen".

Sólo podrán acceder al suelo los censados. De ellos, los que no tengan una vivienda que reúna las condiciones de habitabilidad, el Consorcio habilitará un mecanismo de realojo. Y las que estén en situación de extrema vulnerabilidad, se establecerán mecanismos de realojo más adecuados y se estudiarán fórmulas de alquiler social.

El Consorcio encargará al IRIS un estudio social amplio "que permita tener un buen soporte de información de la población sobre la que se va a intervenir para definir y cuantificar los perfiles de exclusión y la tipología futura de alojamiento de estas familias, teniendo en cuento que no se trata de un proceso de realojo como el que ha existido en otros poblados chabolistas".

En el apartado social, el objetivo es mejorar la convivencia, evitando la exclusión social, y las condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona, haciendo especial hincapié en los programas antidroga. Para ello resaltan la importancia de ofrecer educación y recursos laborales alternativos que ayuden a sus habitantes a salir de la precariedad.

Para acometerlo, apuestan por un "apoyo y fortalecimiento de la red de recursos existentes con programas de intervención social". "Se hace necesario una optimización de los recursos existentes y desarrollados por las instituciones y organizaciones sociales con un mejor aprovechamiento de los mismos a fin de evitar solapamientos o que actuaciones importantes se lleven a cabo", apuntan.

Entre otras medidas, fijan el desarrollo de un sistema de mediación intercultural para prevenir conflictos, seguimiento familias beneficiaras de la Renta Mínima de Inserción con grupos técnicos de trabajadores sociales, luchar contra el absentismo escolar, proporcionar herramientas para el conocimiento del español, apoyar la creación de iniciativas de autoempleao, realizar programas con drogodopendientes, entre otros.