Un juez obliga a devolver la paga extra de diciembre a una funcionaria de Justicia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid ha decretado la nulidad de la resolución del Gobierno regional que establecía la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre y acuerda la devolución parcial de la misma a una funcionaria de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez estima parcialmente una demanda interpuesta por CSI-F, que ha recordado que es la primera sentencia referente al colectivo de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que acuerda la devolución parcial de este concepto retributivo.

En este caso concreto, el magistrado acoge en parte la demanda interpuesta por CSI-F en nombre de una afiliada y reconoce el derecho de la demandante a percibir la parte proporcional de las retribuciones generadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, que fue el que estableció la anulación de la citada paga.

Así, la Administración regional deberá devolverle la paga extra generada desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, ya que el Real Decreto 20/2012 entró en vigor el 15 de julio de ese año.

En la sentencia, el juez entiende que "sin duda" el empleado público "tiene derecho a un montante global de sus retribuciones sobre los que opera el devengo diferido de las correspondientes pagas, también así de las que pueden establecerse con el carácter de extraordinarias".

"De ahí, que acogiéndose en parte la demanda, haya de ser reconocido, en todo caso, por la administración demandada, la parte proporcional de dichas retribuciones que ya había sido generada con anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma general", recoge.

Tras esta sentencia firme, el presidente del Sector de Justicia de CSI-F Madrid, Juan José Carral, exige a la Comunidad de Madrid "que tome nota y abra un proceso negociador para que la devolución de la paga extra se realice sin necesidad de que todos los afectados tengan que acudir a los juzgados". Así, entiende, "se evitaría una previsible
avalancha de recursos y el correspondiente colapso de los tribunales".