El “barcenasgate” abre en canal al PP de Rajoy

El “emporio industrial” en el que el abogado del extesorero del PP afirma que Bárcenas ganó 20 millones de euros es, en realidad una fábrica de exprimir limones en Salta (Argentina) para Coca Cola, que creó su socio y también ex tesorero Angel Sánchís con un crédito oficial del ICO de 18 millones de euros

El ex gerente del PP, Luis Bárcenas, era el último eslabón de la larga cadena de tesoreros del PP que han venido trabajando desde tiempos de Fraga en la financiación ilegal del partido de la derecha española, como ha explicado claramente Jorge Verstrynge que fuera secretario general de Alianza Popular. Una trama que comenzó con Rosendo Naseiro y Angel Sanchís, que pasó por Alvaro Lapuerta y que teóricamente había acabado en la trama Gurtel con el “barcenasgate” en 2009. Lo básico de esta trama ya se conocía, pero ahora van apareciendo nuevos detalles gracias a la guerra interna desatada en el Partido Popular que Mariano Rajoy parece incapaz de controlar.

La aparición de la cuenta de Luis Bárcenas en Suiza con 22 millones de euros no es más que la punta del iceberg del pago que, fundamentalmente las grandes constructoras y promotoras inmobiliarias, han hecho y siguen haciendo al PP como parte del acuerdo del pago de las adjudicaciones de obra y concesión de licencias, por parte de los gobiernos estatal y autonómicos controlados por la derecha. Lo único nuevo son la aparición de pruebas que, en manos de los jueces, podrían acabar con la carrera de muchos dirigentes del PP, comenzando por el propio Rajoy y siguiendo por los sucesivos secretarios generales: desde Alvarez Cascos a Dolores de Cospedal, pasando por Angel Acebes y Javier Arenas, así como el autor de la amnistía fiscal al propio Bárcenas, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El estallido del “caso Bárcenas” hay que situarlo sin embargo, en 2004 y 2005 cuando tras la primera derrota electoral de Rajoy frente al “Bambi” Zapatero, el fiel escudero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, hoy presidente de la Comunidad madrileña, se enfrenta directamente a los tesoreros del PP estatal, Lapuerta y Bárcenas, ordenando a las grandes constructoras que sus “donaciones” por las obras madrileñas pasen obligatoriamente por el PP local y no a través de Génova. La respuesta de los tesoreros no se hizo esperar y Rajoy recibió un dossier sobre los “negocios” de González y el número tres del Gobierno madrileño, Francisco Granados, con la idea de “liquidarlos” políticamente y colocar al marianista Alfredo Prada, al que Aguirre había aceptado como vicepresidente segundo dándole las atribuciones de Justicia.

Esta primera batalla por los “óbolos” de las grandes constructoras acabó, como es ya habitual en las cosas de Rajoy, en tablas, lo que no evitó que la lenguaraz Esperanza Aguirre sacara el tema a la luz afirmando que el presidente le había hablado de un dossier contra González y Granados “que se había demostrado que era falso”, según la lideresa. Ni Rajoy se atrevió a poner en su sitio a Aguirre, ni ésta llevó a cabo sus amenazas de quitarle a los tesoreros el control de las donaciones.

La “herida” provocada por este enfrentamiento quedó, sin embargo, abierta y supurando durante todo el tiempo para abrirse de nuevo en el Congreso de Valencia de mayo de 2008 cuando, tras una nueva derrota de Rajoy frente a ZP, Aguirre intentó tomar el poder en el PP, mandando a Ignacio González a lanzar una ofensiva que fracasó. Fue la época en que la “brunete mediática” dirigida por Jiménez Losantos puso el mote de “maricomplejines” a Rajoy y arremetió contra Gallardón por no aceptar la teoría de la conspiración en los atentados del11-M. El propio Fernando Sánchez Dragó, que entonces dirigía el telediario nocturno de Telemadrid pidió directamente la dimisión de Rajoy.

El estallido del “caso Gurtel” y las enormes implicaciones de consejeros, diputados regionales y alcaldes de Esperanza Aguirre en la trama no fue aprovechado por Rajoy para deshacerse de Aguirre y su tropa, sino que por el contrario la lideresa lo convirtió en un boomerang contra los tesoreros Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas que tuvieron que responder in extremis denunciando el caso de espionaje, organizado por Ignacio González, contra los “marianistas” madrileños (el vicepresidente Alfredo Prada, Gallardón y su vicealcalde Manuel Cobo), que todavía sigue coleando, pero al que ningún juez se ha atrevido a meter mano.

El “caso Gurtel” volvió a poner de manifiesto la trama de los tesoreros del PP, que forman una línea de continuidad nunca rota como se puso de manifiesto cuando se descubrió en 2009 que uno de los antecesores de Bárcenas y socio suyo, Angel Sanchís, había conseguido en tiempos de Aznar un crédito oficial del ICO por valor de 18 millones de euros para una fábrica de molienda de limones, “La Moraleja”, para Coca Cola en la provincia argentina de Salta. Estas y otras empresas eléctricas –eólicas principalmente, como Naturener, Hidrocorte o la inmobiliaria Gordo- son las grandes empresas industriales a que se refiere el abogado de Luis Bárcenas cuando dice que los 22 millones de euros de la cuenta suiza corresponde a inversiones y ganancias de este “emporio industrial” que, como ha puesto de manifiesto el “experto” en tramas financieras, Mario Conde, “no se lo cree ni él que puede ganar ese dinero sino no es a través de pagos de comisiones millonarias”.

El ICO nunca recuperó los 18 millones de euros que había prestado a Angel Sanchís y compañía lo que provocó un enfrentamiento entre el presidente del Banco oficial en 2009, Ramón Aguirre, un hombre de Rajoy, y Angel Sanchís, que se llamaron de todo. Ahí perfectamente puede estar el origen de una parte del dinero suizo de Bárcenas.

En realidad, como ocurre con el caso Pujol en CiU o con el reparto de los fondos reservados de Felipe González, y en general todos los temas de corrupción que afectan a los grandes partidos del sistema, todo el mundo –políticos, jueces, periodistas, etc- sabe lo que está pasando pero sólo llega a los ciudadanos cuando alguien desde dentro empieza a darle al ventilador de la basura. Sin venganzas internas por medio no hay caso porque ni los políticos quieren denunciar –la “omertá funciona mejor en el PP y en el PSOE que en la mafia italiana- ni los grandes medios de comunicación hacen su trabajo, ni los jueces se atreven a procesar a los que mandan.