LLega el "tasazo" judicial de Gallardón

La nueva ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará el jueves en vigor. Los ciudadanos deberán pagar por primera vez la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La norma, tramitada con el cáracter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y será recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional ante la posible vulneración del derecho a la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, puso este martes algunos ejemplos prácticos de la nueva tasa. Según dijo, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización, otros 6.650 si tiene que presentar recurso de apelación y casi 7.000 si tiene que llegar a la casación. "Es una verdadera barbaridad", clamó.

El Consejo General de la Abogacía recientemente calificaba esta ley como la aplicación del copago a la Jusitica. "La cuantía de lo que tendrá que abonar una persona física o una gran empresa, así como una pequeña y mediana empresa (pyme), será la misma. Algo, dicen, que no debería ser, ya que equipara, por ejemplo, un procedimiento judicial de un ciudadano al que no le pagan el alquiler de su vivienda que para una empresa que se dedica al alquiler de casas".

La nueva Ley no sólo ha suscitado el rechazo del colectivo de abogados, para CECU la incorporación de estas tasas supone "una piedra más en la ya difícil tarea de animar a los ciudadanos a reclamar ante los tribunales sus derechos como consumidores".

Desde esta organización de consumidores se asegura que el "tasazo" va a acrecentar " la vulnerabilidad y desigualdad de los usuarios frente a los operadores del mercado, pues los gastos judiciales pueden ser superiores a la cantidad que se reclama y a ello se le añadan los graves problemas. Si a eso se añade la lentitud y eficacia de la justicia, con toda probabilidad el demandante abandonará todo empeño en reclamar lo que por ley le pertenece. Se quedará, por tanto, sin efecto su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y resultarán impunes prácticas empresariales que deberían ser sancionadas".