Estalla el “caso Arpo” en Pozuelo

El Presidente de la Junta de Compensación del Área de Reparto de Pozuelo Oeste (ARPO), Francisco Javier Guridi, ha sido imputado por supuestos delitos de apropiación indebida y delito societario, junto con sus colaboradores y socios en el Grupo Inmobiliario BOJ David Segarra y Marta Sacristán.

El Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la mayoría de socios de la empresa “Proyecto Arpo Vivienda Joven, S.L.” contra Francisco Javier Guridi, David Segarra, Marta Sacristán y las empresas del Grupo inmobiliario Boj (IVI SIGLO XXI, S.A., BOJ CAPITAL, S.L. y G.I.F. BOJ S.A.) por supuestos delitos de apropiación indebida y delito societario, admisión que ha sido respaldada por el Ministerio Fiscal “sin perjuicio de ulterior resolución”.

El Juzgado ha citado a declarar como imputados a todos ellos en el mes de noviembre y ha admitido la mayor parte de la prueba solicitada en la querella.

El Grupo BOJ Inmobiliario está integrado, entre otras, por las empresas imputadas, presidido por el querellado Francisco Javier Guridi García y del que forman parte importante los también querellados Marta Sacristán y David Segarra. La empresa querellante, 'Proyecto Arpo Vivienda Joven SL', fue creada por BOJ para construir 55 viviendas de Protección Pública y su posterior explotación en régimen de alquiler durante el plazo de siete años, con opción a compra por menores de 35 años, en el sector U7 2.4-03 de ARPO, cuya edificación y Licencia de Primera Ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón deberían producirse antes de abril de 2009.

UNA GESTIÓN DE DUDOSA LEALTAD

Entre otros hechos presuntamente delictivos, en la querella criminal se dice que los imputados se apropiaron de más de 80.000 euros de la sociedad contabilizándolos como una cuenta corriente entre empresas del grupo y justificándolo como una 'pignoración' cuando se descubrió; que se valieron de unas facultades de dirección entre las que se incluían poderes dispositivos para transferir el patrimonio de la sociedad querellante que ellos administraban a otras en las que también gozaban de una posición prevalente (IVI SIGLO XXI, S.A., GIF BOJ, S.A., BOJ CAPITAL, S.L.) mediante la compraventa de terrenos que incumplían los acuerdos firmados entre las partes; que no se informó debidamente de las operaciones de compraventa realizadas ocultando que las vendedoras de los terrenos eran sus propias empresas; que compraron terrenos a precios por m2 muy superiores a los establecidos en el contrato de gestión; y que contrajeron obligaciones futuras a nombre de la sociedad –como un préstamo con garantía hipotecaria– para las que no estaban legalmente autorizados ni hubieran sido necesarias de haber cumplido los acuerdos por ellos mismos propuestos.

FALSAS PROMESAS

Según los querellantes, los imputados conocían perfectamente que las viviendas no se podrían entregar en 2009, eran conocedores de las previsiones de ejecución del proyecto y, especialmente, de que la obligatoria construcción de un colector-interceptor de aguas pluviales en Pozuelo retrasaría en varios años el proyecto. Tanto conocían la situación los gestores, que Javier Guridi es presidente de la Mancomisión Gestora del Colector-Interceptor. A pesar de ello no solo no informaban a los administrados clara, exacta y suficientemente, sino que en las sucesivas juntas de socios no revelaban la situación real