La gran banca se prepara para comerse Bankia
Corría el mes de enero de 2011 cuando Rodrigo Rato en un claro movimiento propio jugador de póker se sacaba de la manga el as de Bankia para quedarse con el control absoluto de la entidad financiera, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), creada como resultado de la fusión de Caja Madrid y Bancaja con otras cinco pequeñas cajas. Por un lado, adjudicaba al BFA todos los activos “tóxicos” inmobiliarios y por otro atribuía gran parte del desastre financiero a la caja valenciana, toda vez que la responsabilidad final recaía en Francisco Camps, ya en franca retirada, y se salvaba la cara a Caja Madrid y a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que desde 2003 ha venido colocando a la mayor parte de su Consejo de Administración.
Por esas mismas fechas, los equipos de los tres “grandes”: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) e Isidre Fainé (Caixabank) se reunían para estudiar la operación y decidir que el fracaso estaba cantado por lo que tenían que comenzar a prepararse para absorber el banco creado por el ex vicepresidente económico de Aznar. Desde entonces, Bankia se ha movido en una arenas movedizas donde, por un lado, ha venido pesando el deseo personal de Rato y de sus socios y amigos –entre los cuales hay también estómagos agradecidos del PSOE e IU- por hacerse ricos y los planes de la gran banca por hacerse con el monopolio de las finanzas en España tras haber conseguido eliminar ya a la mitad de las antiguas cajas de ahorro, que eran lo único que quedaba de banca pública.
El episodio que acabamos de vivir: la intervención de Luis de Guindos en Bankia para inyectar entre 3.000 y 10.000 millones de dinero público, la dimisión de Rato, seguramente también motivada por la rebaja de su salario de 2,3 millones a 600.000 euros anuales, y la llegada de José Ignacio Goirigolzarri, ex número dos del BBVA, no es más que la constatación de que la gran banca sigue adelante con su plan de hacerse con el resultado de la fusión de CajaMadrid y Bancaja seguramente para el día de San Martín del próximo año, cuando el cerdo esté engordado gracias al erario público y tenga buenos jamones. Primero se nacionalizan las pérdidas y luego se vende al mejor postor, un negocio redondo. Los últimos capítulos de la “tragedia” de Bankia demuestran bien a las claras que su futuro solo dependía de una decisión política ya que era muy difícil que, a pesar de la ingeniería financiera aplicada en la presentación de los balances, la entidad pudiera cumplir los ratios que tanto Europa como el propio gobierno español han aplicado a los bancos.
En los últimos años, Bankia ha pedido al Banco Central Europeo un total de 40.000 millones de euros, la cifra más alta solicitada por un banco español, lo que indica la propia debilidad de sus finanzas. Es también, la entidad más expuesta a la dura crisis inmobiliaria hasta el punto de que la empresa auditora Deloitte se negó a firmar las cuentas del año pasado del BFA, el banco “malo” que Rodrigo Rato ha creado para endosarle todo los activos “tóxicos”, fundamentalmente suelo y urbanizaciones sin empezar, por valor de 31.800 millones de euros. En noviembre, Bankia renunció a quedarse con el Banco de Valencia que procedía de Bancaja, y que tuvo que ser intervenido por el Banco de España y está a la espera de su adjudicación en subasta pública, si es que alguien lo quiere. En esa operación, el banco de Rato perdió cerca de 600 millones de euros más. Los créditos morosos a promotores de viviendas llegaron a los 10.564 millones, de un total de 37.517 millones, lo que supone una tasa del 28,1% de morosidad, que sigue aumentando a medida que llegan los impagos que este año puede ser de otros 7.283 millones, considerados “probables”, y otros 1.749 de créditos fallidos o prácticamente irrecuperables.
A pesar de todo, Rodrigo Rato había remitido a un Miguel Angel Fernández Ordóñez atado de pies y manos por su propia mala gestión del Banco de España, su plan de saneamiento para cumplir con los 5.070 millones de euros que el Gobierno le exige en provisiones de capital “por sus propios medios” y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas “de ningún tipo”. Afirmaba haber tenido en 2011 un beneficio consolidado de 40,9 millones en 2011 y haber saneado contra recursos propios 3.931 millones brutos, una práctica a la que se opuso inicialmente Economía pero que finalmente ha autorizado. De esta cantidad, 3.433 millones corresponden a activos tóxicos relacionados con el ladrillo y 498 millones, a participaciones industriales. BFA afirma en sus cuentas tener suelo por valor de 5.289 millones brutos, con una cobertura actual del 52%, frente a lo que reclama el Real Decreto de saneamiento del Gobierno, que ha de llegar al 80% al cierre del ejercicio actual. También resulta llamativo el fuerte incremento de los pisos embargados a particulares, que pasan de 2.605 a 3.493 millones en 2011.
