Los barones del PP se dividen ante las medidas de Rajoy

Tras el desplome electoral del PSOE, provocado por las medidas antisociales de Zapatero, el mapa autonómico se tiñó casi totalmente de azul, el color del PP, con las excepciones de Cataluña, País Vasco, Canarias, Navarra, Asturias y Andalucía. Esa realidad que debería haber permitido a Rajoy discutir con los Gobiernos autonómicos con más tranquilidad podría convertirse en todo lo contrario, ya que como un alto cargo de La Moncloa reconocía en privado: “nadie quiere perder un ápice de poder, les da igual que el Gobierno central estén unos u otros, lo que desean todos es que el Estado les transfiera más dinero”.

A medida que se acerca la hora de la verdad en la que las Comunidades Autónomas tendrán que reducir su déficit al 1,5% de su producto interior bruto, los barones del PP han comenzado a dividirse. Por un lado están los que piensan que cada uno ha de valerse por sí mismo y se niegan a entrar en el mismo saco que los demás por temor a perder su relativa independencia económica, como le ocurre al presidente balear José Ramón Bauzá, uno de los que intentó adelantarse a los acontecimientos siguiendo un poco la línea marcada por Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha y por Artur Mas en Cataluña.

En este mismo grupo están otros dirigentes que no son del PP como la presidenta Navarra, Yolanda Barcina, que ya ha dicho por activa y por pasiva que las posibles sanciones a las Autonomías que no cumplan con el déficit no va con ella ya que está cumpliendo fielmente el convenio que tiene con el Estado, al igual que le ocurre al País Vasco donde además gobierna un lehendakari socialista.

Dolores de Cospedal ha sido, hasta ahora, la que más ha recortado los gastos, lo que ha afectado gravemente a muchos servicios sociales que hacían de Castilla La Mancha un lugar privilegiado sobre todo para la población rural, cuyo peso electoral ha decaído considerablemente frente a la población de las grandes ciudades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Toledo. La presidenta castellano manchega tuvo que sufrir además la primera huelga de farmacéuticos que se negaban a seguir dando medicinas a los pacientes hasta que no se les abonara lo que se les debía.

El grupo más numeroso de barones del PP lo conforman aquellos que más han apoyado a Rajoy en su travesía del desierto hasta llegar a La Moncloa y a los que los liberales de Aguirre llaman despreciativamente “los socialdemócratas”: Feijóo en Galicia, Fabra en la Comunidad Valenciana, María Fernanda Rudi en Aragón, Juan José Herrera en Castilla y León, Ramón Luis Valcárcel (Murcia), José Antonio Morago (Extremadura) o Pedro Sanz (La Rioja). Para ellos el juego se reduce a mantener el status quo pactado en la transición y que se resume en una alternancia en el poder con el PSOE y en mantener un estado de las autonomías que permita vivir a todos los políticos.

Este grupo es partidario del gran pacto de Estado con el PSOE para tratar de convencer a la Unión Europea de que los españoles vamos a pagar la deuda acumulada en los años de vacas gordas y se van a seguir las directrices que nos marquen desde Bruselas o desde Berlín.

Y está, por ahora en solitario, como casi siempre, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que ataca frontalmente el Estado de las Autonomías y aboga por su supresión más directa, empezando por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, tres de los temas que más costó transferir a los Gobiernos autonómicos en la época de la transición. En el punto de mira de Aguirre están, lógicamente, los nacionalistas vascos y catalanes, pero de paso está dispuesta a llevarse por delante a muchos de sus camaradas políticos, cuyos mandatos sin esas funciones quedarían reducidos prácticamente a lo que eran antes los gobernadores civiles o los delegados del Gobierno central.

Esperanza Aguirre nunca se creyó las autonomías y eso le valió ya salir deprisa y corriendo del primer Gobierno de Aznar donde ejerció de ministra de Educación durante casi tres años sin acabar comprendiendo por qué la historia que se impartía en las escuelas vascas o catalanas era diferente a la de Madrid, por ejemplo. Como a toda buena liberal se le ponen los pelos de punta cuando ve que España en vez de ser un mercado único se divide en 17 demarcaciones con legislaturas muy parecidas, pero al tiempo diversas. Lo curioso es que a la Comunidad de Madrid, una autonomía inventada entre las dos Castillas, el Estado de las Autonomías le convirtió en plena euforia económica en la región europea que más creció, pero Aguirre prefiere pensar que eso también hubiera pasado sin la división autonómica.

Rajoy que ya le paró los pies a Aguirre en el Congreso de Valencia diciéndola que si quería que el PP se definiera como un partido liberal, lo mejor que podía hacer era marcharse y crear ella misma ese tipo de organización, ahora le ha vuelto a decir que el Estado de las Autonomías es intocable y que el PP no va a seguir ese camino.

El copago sanitario o la beneficencia


El debate del momento entre los barones autonómicos se centra en la imposición de algún tipo de tasa o copago sanitario, que afectaría a las medicinas o a los servicios sanitarios. Parece que el Gobierno de Rajoy, por indicación de sus ministros De Guindos (Economía) y Montoro (Hacienda) se decantarán por lo primero, pero sin descartar que sean las Autonomías las que impongan el segundo.. El tema no es fácil porque en estos momentos las medicinas solo son gratis para los jubilados, el resto ya paga una parte. Lo único que se puede hacer es que los jubilados con pensiones altas paguen una cuota en los medicamentos o que se aumente el porcentaje a los no jubilados, también en función de su renta, algo muy lioso.

Lo mismo ocurre en la prestación de servicios sanitarios. Hasta ahora, las clases más pudientes han contado con seguros médicos privados que les servían de complemento de la Sanidad Pública. Si tenían que hacerse una prueba diagnóstica iban por lo privado y si tenían que operarse lo hacían en un hospital público. Si se les obliga ahora a pagar en la Sanidad Pública lo que puede ocurrir es que renuncien a ella o simplemente reclamen que al pagar se les trate como a privados, como ya ocurría en tiempos de Franco.

La única opción que funciona en los países capitalistas es que el que puede pagarse un tratamiento médico va a la medicina privada y el que no tiene que conformarse con la pública convertida en lo que antiguamente se llamaba Beneficencia.