La Comunidad pide a Madrid, Coslada y Rivas el fin de los derribos en la Cañada Real

La Comunidad de Madrid solicitará a los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid el fin de los derribos de viviendas en la Cañada Real Galiana, según ha declarado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, tras mantener un encuentro con representantes de varias asociaciones de la zona. Esta moratoria que solicitará el propio Victoria a los consistorios por cuyos términos municipales atraviese esta vía agropecuaria no afectará sin embargo a aquéllas que puedan ser consideradas como infraviviendas o que estén relacionadas con actividades delictivas, según ha asegurado el consejero. La petición se realiza como un "gesto de buena fe y de buena voluntad", ha dicho Victoria, tras el inicio de conversaciones con representantes vecinales con motivo de la segunda fase del plan para acometer la problemática de la Cañada Real, que comenzó con la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Desafección de esta zona hace casi ya un año. A través de la misma, los terrenos de la Cañada pasaron a ser bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Además de esta medida, el responsable de Asuntos Sociales en el Gobierno regional ha anunciado que pedirá de modo formal a estos tres gobiernos municipales que trasladen a la Comunidad los censos de población y de vivienda, trabajos cuyo plazo para finalizar y entregar a la Administración autonómica finalizaba el pasado mes de septiembre. CONOCER LA "REALIDAD HUMANA" Los censos permitirá conocer la "realidad humana" de los habitantes de la Cañada, y de esta forma comenzar a establecer los criterios de actuación para acometer las medidas que establezca la ley, que permitirá, según Victoria, el acceso a la propiedad de las viviendas de aquellas personas que llevaban varias generaciones en el tramo de 14 kilómetros que establece la legislación. Asimismo, se deberán marcar los criterios por los cuales se estudie "con los censos en la mano" y se acredite el derecho para acceder a esta propiedad, así como la diferencia entre vivienda e infravivienda. En este sentido, los técnicos y los ayuntamientos establecerán qué viviendas son "legalizables urbanísticamente", según ha dicho Victoria, que ha apuntado que eso será "el fruto del trabajo emprendido hoy". "Una chabola no se puede legalizar urbanísticamente", ha aseverado Victoria, que ha declarado que para estos casos se tratarán "como cualquier otro asentamiento chabolista". "Recibirán el mismo tratamiento, ni mejor ni peor, que asentamientos chabolistas que hay en otras zonas de la Comunidad de Madrid", ha señalado. De todas formas, el consejero ha querido trasladar que la dimensión del chabolismo en la Cañada, o por lo menos en la zona que la ley trata de regular, es menor a la preconcebida. "Chabolas no hay tantas como pensamos. Precisamente, la Cañada, si sorprende cuando uno va allí, es porque hay muchas más viviendas, y viviendas muy 'legalizables', de las que uno se imagina", ha manifestado. Así, ha minimizado la extensión de esta realidad a zonas del Sector VI de la Cañada, y a sectores que no aborda la ley como para regular su situación al estar dentro del ámbito de protección medioambiental del vertedero de Valdemingómez, o fuera de la propia Cañada, como es el caso del poblado del Gallinero. ENCUENTROS CON AYUNTAMIENTOS Tras estas solicitudes y la reunión con vecinos de la zona, se convocarán sucesivos encuentros con las administraciones locales afectadas por la implantación de la nueva ley, respecto a un proceso que el consejero ha manifestado su intención de llevar a cabo con "celeridad" y dar "un impulso importante" a través de encuentros semanales. Así, el plan contempla la constitución de dos mesas sectoriales: una vecinal y otra en el que estén presentes las administraciones públicas implicadas, así como un tercer espacio que reúna a todas las partes. La Comunidad de Madrid se presenta como intermediario entre las administraciones locales y los vecinos afectados por la ley. En este punto, la representante vecinal de las cuatro asociaciones representadas este miércoles en el encuentro, Vanesa Valenzuela, ha reconocido que se han dado "desencuentros" con estas administraciones, aunque ha manifestado que espera que la situación "se formalice". En la mañana de este miércoles era el turno de las asociaciones "más antiguas y originarias", presentes en el proceso de regulación de la vía. Se trata de la Asociación de Vecinos I, II y III, pertenecientes a la Cañada Real de Merinas; la Asociación de Vecinos de la Cañada Real Galiana de Madrid, y la Asociación de Vecinos de los Sectores V y VI. "PRECARIEDAD" EN LA ZONA Valenzuela ha agradecido el "interés" del Gobierno regional en que se consiga una "normalización" para los habitantes de la zona, y ha pedido "que se cuente con los vecinos", además de desear que "la ley siga adelante". Los problemas que vienen dándose en la Cañada --reconociendo la existencia de "muchas realidades" en la zona-- son principalmente, según ha apuntado, la "precariedad" en el suministro de la luz, el agua, y en las infraestructuras de comunicación. Asimismo, ha anunciado que los habitantes de la Cañada están dispuestos a asumir el pago de las tasas e impuestos. "Siempre hemos estado dispuestos a pagar", ha dicho. Por su parte, Victoria ha aseverado que estas personas "quieren ser tratados como cualquier ciudadano y vecino de estos ayuntamientos", ha dicho. Las expectativas pasan por un mantenimiento del diálogo y llegar a "un entendimiento", que Valenzuelo ha considerado como posible. "Si todos ponemos de nuestra parte, sí", ha aseverado.