El alcalde de Arroyomolinos declara ante el juzgado en una causa por presunta malversación

El alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde (PP), ha declarado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero junto a sus ediles de Urbanismo y Empleo, Félix López y Ana Millán, respectivamente, tras la instrucción llevada a cabo por el juzgado a raíz de una denuncia de los socialistas por presunta malversación de caudales públicos de 2007 ante el presunto fraccionamiento de contratos públicos entre 2004 y 2006 por importe de 43,5 millones de euros. Según fuentes personadas en la causa, el regidor ha asegurado que él no fue el responsable de la contratación, mientras que los ediles han defendido que ellos no eran los responsables de llevar a cabo los pagos en los contratos que están siendo investigados. Por su parte, el secretario general del PSOE de Arroyomolinos, Juan Carlos García, ha asegurado que, tras estas declaraciones, "queda demostrado que unos y otros han prescindido de cualquier procedimiento de contratación" y que "se ha facturado con cargo a este Ayuntamiento muchos miles de euros bajo un procedimiento nada claro". En este sentido, García ha asegurado que de la declaración del alcalde y de los concejales se desprende que "desconocen la emisión de informes y de procedimientos", ya que, a su entender, "existen informes que muestran reparos a las actuaciones que no se leen". Durante todo el proceso de declaración, según las mismas fuentes, los imputados han arremetido contra "todos los técnico" municipales, "culpándoles de todo lo acontecido incluso llegando a mencionar la dejación de funciones en alguno de ellos". "Aquí --ha agregado García-- queda demostrada una vez más la falta de ética de nuestros gobernantes cuando ellos saben que, en todos y cada uno de los casos llevados a los juzgados, existen reparos e informes desfavorables del cuerpo técnico". En la citación judicial también comparecieron el ex concejal Laureano Arrogante y el arquitecto municipal, Carlos Escribano. GESTIÓN "CORRECTA Y TRANSPARENTE" Por su parte, el PP ha asegurado que, tras la declaración del regidor y sus concejales, ha quedado "evidente que en todo momento la gestión del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMUVISA) ha sido correcta y transparente, como así lo demuestra la aprobación de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de los ejercicios 2002 al 2010". En esta línea, las mismas fuentes han subrayado que "en todo momento se han realizado los procedimientos administrativos con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, respetando siempre --han agregado-- los principios de publicidad y concurrencia, además de encontrarse realizadas todas las obras recogidas en la denuncia, como es el caso, entre otros, de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, así como los suministros de los servicios esenciales ejecutados". En cuanto a la denuncia en sí, los 'populares', han asegurado que entre 2002 y 2010 los "denunciantes en ningún momento impugnaron ni recurrieron las decisiones ni acuerdos del Pleno, Junta de Gobierno o Consejo de Administración de EMUVISA, llegando incluso a votar a favor de algunos de ellos cuando formaban parte de dicho Consejo". Mientras, el abogado del alcalde y los imputados, Ignacio Gordillo, ha anunciado que "ejecutarán las acciones legales oportunas en defensa de su honor y dignidad personal y profesional". Al hilo de las instrucciones practicadas hasta el momento, el juzgado citó a declarar el 23 de noviembre del pasado año a la Interventora municipal del Ayuntamiento y a los técnicos de Contratación y Tesorería, quienes, según el PSOE, ratificaron en el juzgado la existencia de "informes desfavorables" en varias contrataciones realizadas por el Gobierno local entre 2004 y 2006. Según las mismas fuentes, el equipo técnico del Consistorio compareció durante más de tres horas después de que el juzgado decidiese investigar el presunto "fraccionamiento" de contratos en varias adjudicaciones. En este sentido, según el PSOE, los técnicos certificaron que, en estas contrataciones, "avisaron al Gobierno de que no se podían realizar" por lo que emitieron "informes negativos". De hecho, las mismas fuentes apuntaron a que, de las 62 carpetas analizadas, "sólo cuatro contaban con expediente de contratación". Además, los departamentos técnicos municipales habrían confirmado en el juzgado que, en algunos casos, se produjeron "pagos por encima de lo que había contratado".